SANTIAGO.- Una inaceptable desigualdad de ingresos y de calidad de vida persiste en Chile, que no se solucionará sólo con mayores tasas de crecimiento y una mejor utilización del gasto social, según un informe de la Cepal.
"Lo que (aquí) se requiere es un cambio de enfoque en las políticas públicas", para acabar con estos temas sensibles, revela el análisis "Chile: hacia un desarrollo inclusivo" de los expertos Ricardo Infante y Osvaldo Sunkel.
En opinión de los analistas, en Chile, de 17 millones de habitantes, se necesita un cambio que permita superar la heterogeneidad de la estructura productiva y social del país, puesto que ésta constituye el principal obstáculo para lograr el crecimiento con equidad.
En este sentido, el estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), precisa que actualmente en Chile el ingreso del 20 por ciento más rico de la población supera en más de trece veces al del 20 por ciento más pobre.
El análisis del organismo de las Naciones Unidas destaca también que la tasa de desempleo se mantuvo elevada en Chile al igual que la informalidad de los ocupados, y han aumentado los contratos de corto plazo y la rotación de los puestos de trabajo, es decir, que se incrementó la precariedad laboral.
En el artículo expresaron que la economía chilena y su sociedad se dividen en tres mundos escasamente articulados: Uno es de alta productividad, que impulsa a la economía y paga buenos salarios. Los otros dos son de mediana y baja productividad, ofrecen bajas remuneraciones y concentran la mayor parte del empleo, pero no influyen mayormente en el crecimiento.
Por tanto, la heterogeneidad se reproduce aún en condiciones de crecimiento económico acelerado, acotó el estudio de la Cepal.
Infante y Sunkel proponen introducir en el diseño de políticas públicas el concepto de pobreza relativa, que afecta a casi cuatro millones y medio de chilenos.
Explicaron que ésta se define como el grupo de personas o familias cuyo nivel de ingreso es inferior a 0,6 veces la ganancia mediana, constituyéndose en el sector relativamente excluido de la sociedad.
Señalaron que se requiere un ambicioso programa de transformación estructural a largo plazo (15 a 20 años) que permita a los sectores menos avanzados aumentar gradualmente la productividad y los ingresos de los trabajadores, y así mejorar la calidad de vida de las familias excluidas.
Este programa, según el organismo de las Naciones Unidas, debería sostenerse en cuatro pilares: convergencia productiva, protección social garantizada, crecimiento económico con equidad y cohesión social.
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