lunes, 7 de marzo de 2011

Presidente del Senado exigió al Gobierno pedir disculpas a la Iglesia por plan de indulto

Vañparaíso.- Tras el anuncio del Gobierno de un paquete de medidas para paliar el hacinamiento en las cárceles y promover la propuesta de indulto de la Iglesia, el senador DC Jorge Pizarro, criticó la falta de continuidad del Ejecutivo en la reforma carcelaria, emplazándolo a que "haga un mea culpa, y le pida disculpas y dé explicaciones a la Iglesia Católica".
"El Gobierno descalificó brutalmente a la Iglesia", sostuvo Pizarro, pidiendo que "este Gobierno tenga más humildad y reconozca el error cometido que significó perder más de un año", ya que "tuvo que venir la tragedia de la Cárcel de San Miguel" para tomar la medida.
"Es un debate difícil, yo no sé si es popular o no, pero es necesaria", reiteró en relación a la explicación que el Gobierno debiese darle a la Iglesia.
En tanto, el senador UDI Hernán Larraín confirmó el proyecto de reforma carcelaria y recordó la iniciativa de las autoridades religiosas para modificar la situación en las prisiones.
"Yo lamenté el año pasado que el Gobierno no hubiese escuchado el planteamiento de la Iglesia", por ello "me alegra ver que igual este año el Gobierno ha asumido dentro de un conjunto de propuestas que está haciendo para modificar la justicia y el sistema carcelario, este planteamiento", argumentó.
En relación a la propuesta de indulto, Larraín enfatizó en que "el criterio que se está siguiendo aquí tiene que ver con delitos donde se incluye expresamente haber participado en algún hecho de violencia y por lo tanto tiene un criterio distinto a la propuesta de la Iglesia".
Puerta giratoria
Por su parte, el presidente de la comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, Pedro Araya (IND), señaló que apoyaría el indulto, indicando que "no está habiendo un aumento en la puerta giratoria, sino que se trata de personas que condenadas por los tribunales van a recibir un beneficio intrapenitenciario".
La propuesta no beneficiará a violadores de derechos humanos, y hasta ahora sólo se han confirmado cambios en infraestructura, y no en reinserción social

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