El Senado tramita dos proyectos de ley de enorme importancia para el sector triguero y su industria. Uno, modifica el sistema de bandas de precios del trigo y el otro, extiende el plazo para establecer salvaguardias, es decir, fijar una sobretasa arancelaria a las importaciones de productos que lleguen subsidiados desde el extranjero distorsionando el mercado.
El que se relaciona con modificar las bandas de precios, obligados por un fallo adverso de la OMC, apunta a establecer un derecho específico fijo y determinado, en dólares por tonelada a las importaciones de trigo y harina de trigo. El segundo proyecto propone extender el plazo de aplicación de salvaguardias hasta un máximo de tres años.
Mientras ocurre el trámite en el Congreso, en mayo venció el derecho antidumping del 31,1% que Chile aplica a la harina argentina y se encuentra pendiente una resolución de la Comisión de Distorsiones para prorrogarlo e incluso incrementarlo, dado que las razones que lo generaron continúan presentes e incluso acentuadas.
Para avanzar en esta iniciativa es urgente adoptar las siguientes medidas: el proyecto debe entrar en vigencia solo una vez que la Comisión de Distorsiones prorrogue y eventualmente aumente el derecho antidumping a la harina argentina - Chile no debe concederle a Mercosur (Argentina en particular) el mismo proceso de desgravación arancelaria que le otorgó a EEUU en estos productos y por último, el plazo de la ley de salvaguardias debe permitir 8 años (4 más 4 renovables) tal como lo permite la OMC y no solo los 3 que propone el gobierno.
La Ministra de Agricultura ha comprendido esta situación, que lejos de ser medidas de protección a los productores nacionales, se trata de utilizar los instrumentos que la propia Organización Mundial del Comercio consagra para impedir la competencia desleal en uno de los mercados más distorsionados del mundo y que durante años ha perjudicado gravemente a los agricultores chilenos.
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