Lumaco.- Organizaciones indígenas y de agricultores rechazaron la aprobación por parte del senado del Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (Upov91) que según afirman, significaría la privatización de las semillas acabando con una seria de prácticas ancestrales en favor de las grandes transnacionales. “Las empresas podrán apropiarse de cualquier tipo de semillas, esquejes, patillas; incluso de las plantas silvestres y medicinales.Mientras que las personas que quieran sembrar con las semillas que las empresas digan que son de ellas, no podrán hacerlo sin la autorización de esa empresa”. Así de categórica fue Camila Montecinos, profesional de la ONG Grain Chile, durante su intervención en el foro “Ley de Transgénicos: privatización de las semillas e implicancias en la economía familiar campesina”, que se realizó en Lumaco, frente a más de 120 agricultores de esa zona.
El municipio informó que la iniciativa surge luego que el Senado aprobará el 11 de mayo la adhesión de Chile al Convenio Internacional Para la Protección de Obtenciones Vegetales ratificada el año 1991(Upov91) que pavimenta el camino hacia la privatización de las semillas, lo que ha juicio de Montecinos es un hecho “gravísimo” por que “sólo favorece a las grandes empresas productoras de semillas en desmedro de los más pequeños”. “Esto significa que los agricultores deberán cancelar una patente cada vez que deseen sembrar. Además impide el intercambio de semillas y su multiplicación, lo que es un grave atentado a la soberanía alimentaria”, añadió.
Del mismo modo, el alcalde de Lumaco, Manuel Painiqueo se mostró contrario a este convenio que de ratificarse –agregó- sería un duro golpe al pueblo mapuche.
“Los mapuches, por siglos hemos practicado el intercambio de semillas (trafkintun). Es una práctica ancestral que no tiene precio ni mucho menos dueños, así que sería inconcebible que se ilegalizara. Esperamos que las autoridades recapaciten y frenen el convenio. Pero es difícil, así que dependerá en gran parte de la capacidad de movilización social que tengan las organizaciones y comunidades. Por eso, como municipio, organizamos este foro, porque queremos informar a nuestros agricultores”, manifestó el edil.
IMPUGNACIÓN
La aprobación del Upov91 encontró el rechazo de sólo cinco senadores, entre ellos el PPD Jaime Quintana que de igual forma participó del foro en calidad de exponente.
“Es un convenio que perjudica a los pequeños agricultores; es por ello que junto a otros parlamentarios hemos presentado un recurso de impugnación en el Tribunal Constitucional (TC)”, comentó el senador.
La impugnación se sustenta en el Convenio 169 de la OIT que obliga al Estado chileno a consultar a los pueblos indígenas cada vez que una decisión legislativa afecte sus intereses y en el caso del Upov91 no hubo consulta.
La votación de la Cámara Alta fue la siguiente: 13 votos a favor; cinco en contra y seis abstenciones. Es un convenio que viene amarrado con la firma de los tratados de libre comercio con Estados Unidos, Japón y la Unión Europea; no obstante su ratificación no era una obligación, según dictan las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) –a la que Chile adhiere- que obliga a sus países miembros a buscar la fórmula para entregar protección a la propiedad intelectual de los productores de semillas transgénicas.
“Es inconcebible que el padre de una ministra de Estado haya hecho lobby para sacar adelante este convenio (Upov91). Incluso se entrevistó con la Comisión de Agricultura de la cámara. Esto significa un grave conflicto de interés”, lanzó Quintana.
LA LEY
Sin embargo –explicó el parlamentario- la batalla aún no está perdida. Aún debe aprobarse la ley de semillas u obtentores vegetales que regulará el Upov91 entregado protección a la propiedad intelectual a las empresas productoras de transgénicos.
“De ser rechazada la impugnación, pretendíamos solicitar el veto presidencial. No obstante con la suma urgencia queda en evidencia cuál es la posición del gobierno por lo que, de ser negativa la impugnación, sólo nos quedaría conseguir los votos para rechazar esta ley”, señaló Quintana.
“El proyecto de ley es brutal. Sumado a la prohibición para los agricultores de intercambiar y/o guardar semillas, las empresas productoras serán las encargadas de fiscalizar “lo que significa que tendremos una policía privada recorriendo los campos”, advirtió Camila Montecinos, idéntico mecanismo que utiliza la transnacional Monsanto, la mayor productora de transgénicos del planeta.
“Además, quienes no cumplan con la ley deberán pagar multas y se les podrá confiscar el cultivo, las plantaciones y las cosechas”, continuó la profesional de Grain Chile.
La aprobación de la ley de semillas u obtentores vegetales es muy importante para las grandes empresas transnacionales porque significará luz verde para los cultivos transgénicos en el país, los cuales funcionarían mano a mano con los encadenamientos productivos del país, pese a que esta comprobado que los productores transgénicos causan innumerables efectos en la salud de los seres humanos.
DECLARACIÓN
Descrito el escenario, es que los comuneros mapuche y agricultores que se dieron cita en el Centro Comunitario de Lumaco decidieron elaborar una declaración en contra del Upov91 y la posible ley de semillas la que fue firmada por las ocho comunas de La Araucanía que fueron parte del foro.
“La haremos llegar al Tribunal Constitucional para hacer sentir nuestro repudio a esta nueva ley maldita para el pueblo mapuche y los pequeños agricultores”, dijo José Nahuelpi, dirigente mapuche que integra la Unión de Comunidades Mapuches de Lumaco.
“Hay que apelar a la desobediencia civil. Aumentar el intercambio de semillas. Esa es una de las soluciones. Apelar al derecho de ejercer la soberanía alimentaria”, concluyó Camila Montecinos.
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