“Desde el punto de vista ético todas las desigualdades estremecen a las personas justas y por ello se identifican con las luchas de los que sufren las arbitrariedades de los poderosos. Los seres humanos debieran tener una igualdad de acceso a la salud, a la educación, a una vejez digna, independientemente de las diferencias de ingreso. Al mismo tiempo, las diferencias étnicas, de sexo, raza o nacionalidad no debieran dar lugar a una discriminación en las oportunidades de trabajo ni tampoco restar el derecho a una vida digna. Por otra parte, no existe libertad verdadera, libertad para elegir, en una sociedad cuando las oportunidades para el desarrollo de los individuos son generosas para unos pocos y restringidas para la mayoría”.Con esta frase partía su reportaje Roberto Pizarro, periodista de la Revista “El Periodista” del año 2004 sobre la desigualdad en Chile denominado “El verdadero riesgo país”
Cinco años han pasado de esta entrada editorial y el contenido y consecuencias tras estas palabras siguen teniendo más vigencia.
Chile no ha podido superar la desigualdad social que lo afecta. Sabido es que la riqueza total del país está concentrada en un porcentaje no superior al 10% de la población, mientras que el resto debe vivir de las “migajas” presupuestarias que ofrece un mercado en el cual la libre competencia cada vez, literalmente, es menos “libre”.
Sólo recordemos lo que pasó con las farmacias o con la discusión que nacerá por la concentración del mercado de los abonos agrícolas en sólo tres empresas, si es que Soquimich y Anagra logran fusionarse. Pero eso es harina de otro costal…
Desafortunadamente, pero a la vez por suerte, la ley de transparencia impulsada por el Gobierno desde el año 2006, no hizo más que dar un nuevo ejemplo de que la brecha social es cada vez más grande.
Los siete millones de pesos que gana la Presidenta Bachelet mensualmente se suma a los más de 120 millones que en conjunto reciben todos los asesores de La Moneda.
Sólo por dar cifras. Los más de cien millones que ganan los intendentes y los más de 300 millones que en promedio desembolsa el Estado para el pago de seremis y directores regionales, eso sin contar los más de 15 millones de pesos que los parlamentarios pueden llegar a administrar en un mes; o lo que gana un juez en el Poder Judicial, dan cuenta de que la repartija es claramente inequitativa…
Más si pensamos que son estas autoridades políticas las que por más de 3 décadas no han sido capaces de superar –con sus ideas y propuestas-- los niveles de inequidad, dejando que trabajadores comunes sigan laborando en condiciones paupérrimas e infrahumanas, ganando un sueldo que en nada valora su esfuerzo, gasto físico y psicológico, sin que por ello reciban una gran protección laboral o garantías de valoración futura en temas como una mejor salud, una buena y accesible educación para sus hijos o seguridad en una jubilación merecida, acciones en que si bien el Gobierno demuestra alzas, tales cifras no se condicen con la necesidad de demanda social que los actuales tiempos exigen.
La pregunta en este sentido y a mi criterio, no es por qué ganan tanto estas autoridades, sino que: ¿se merecen que ganen tanto?
Ciertamente las evaluaciones no hablan bien de una casta que llevada a una asimilación de la Era Medieval, vendrían a ser el simil de los Nobles, un sector claramente diferenciado de la “Plebe” y que comparten poder con los “Señores Feudales”, ejerciendo una labor de representación muchas veces cuestionable.
En lo regional, vale preguntarse. ¿Es merecido que un puesto de autoridad como el de intendente de la Novena Región, tenga un valor de 6 millones de pesos mensuales si los resultados, habiendo pasado ya varios nombres, todavía hablan de que La Araucanía es la región más pobre del país?.
¿Es merecido que los parlamentarios puedan administrar más de 13 millones si no han sido capaces de trabajar como bancada en pos de empujar una estrategia común de desarrollo regional consensuada por todos los sectores para levantar el crecimiento de Malleco y Cautín? ¿Acaso no les corresponde por iniciativa a ellos gestionar este tipo de discusiones en el Poder Central?
Entre los alcaldes quizás hay una mayor justicia en sus sueldos, sin embargo, por ser electos popularmente son los que menos se alejan de esta pregunta.
Lo cierto es que la Ley de Transparencia, una de las buenas iniciativas de este Gobierno, lo que aporta es un panorama nuevo al ciudadano que por ahora nos permite fiscalizar y acceder a información, pero que en periodo de elecciones también debe ser un antecedente que permita al ciudadano controlar con su voto quien merece el sueldo que hoy gana y exigir que cumpla con su trabajo y no llene su agenda de promesas…Total, somos nosotros quienes pagamos los salarios de las autoridades con nuestros impuestos, ¿o no?
COMENTARIOS
3 Ccomentarios públicados
06/05/2009 - 17:53:17 kzi_78@hotmail.com Con esto del acceso a la información, estuve visitando la pagina de la presidencia y pude ver como una persona que sòlo tiene licencia de enseñanza media, tiene un suelo que pasa el millón y medio de pesos y justo abajo en la lista, hay una profesional que gana 600 mil.
¿Cùal es la explicación?... ¿será el pago de un favor politico o de un buen activista de campaña?
Firma: Sergio Zúñiga.-
06/05/2009 - 18:08:00 alejandrorubilar59@hotmail.com Con respecto a esto, invito a todos a leer el artículo de La Segunda relacionado con los sueldo de los "asesores con cuarto medio" de las distintas carteras del gobierno que nos muestra como funciona la agencia de empleos llamada "concertación". ¿Que más nos quedará por ver?
Firma: Alejandro.-
06/05/2009 - 18:54:04 gnguido@Yahoo.com Un obrero tendría que trabajar algo asi como diez años para poder igualar un mes del sueldo de un parlamentario.Chile es un país de ladrones y singuenzas. Estos gobiernos que se dicen populares, no son mas que una tropa de ladrones apernados en el poder...
Firma: guido.-
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