martes, 31 de marzo de 2009

Gobierno difunde Ley de Transparencia en todo el país

Temuco. Con una masiva asistencia de funcionarios públicos se dio inicio en la Región de la Araucanía a las Jornadas Regionales de Información de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, con las cuales el Gobierno busca preparar a la administración central del Estado en la implementación de la nueva normativa, asegurando un 100% de cumplimiento para el 20 de abril, fecha de su entrada en vigencia.
En el caso de la Región de la Araucanía son 170 funcionarios públicos de todos los servicios y organismos del Estado, junto a las autoridades regionales y jefes de servicio, los que participaron de la jornada que se desarrolló en el Hotel Frontera y que fue inaugurada por la intendenta, Nora Barrientos.
El objetivo de la Jornada en la capital de la Araucanía fue informar en profundidad acerca de los alcances de la nueva legislación y entregar las orientaciones necesarias para que los funcionarios encargados de implementarla en sus distintos campos de acción cuenten con herramientas adecuadas para cumplir con la nueva normativa.
Durante la jornada, relatores y abogados de la Comisión de Probidad y Transparencia del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, organismo que encabeza el proceso de implementación a nivel nacional, presentaron los principales componentes de la Ley N° 20.285, así como las herramientas y sistemas tecnológicos que ha diseñado la Comisión para homogeneizar los procesos de entrega de información pública y recepción de solicitudes por parte de la ciudadanía.
Tras una presentación general de la Ley de Transparencia y sus principales componentes, los funcionarios públicos de la Región trabajaron en talleres temáticos en los ámbitos de la Transparencia Activa, Gestión de Solicitudes y Gestión Documental.
La actividad de hoy es una de las 15 Jornadas Regionales que la Comisión de Probidad y Transparencia tiene previstas entre el 20 de marzo y el 7 de abril a lo largo del país. Se realizará una en cada capital regional, así como una Jornada Nacional para informar a los funcionarios públicos sobre los aspectos técnicos, operativos y procedimentales de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública.
Los funcionarios de las Regiones del Maule, del Biobío y la Araucanía son los primeros en participar de estas jornadas, ad portas de la entrada en vigencia de la nueva Ley de Transparencia el próximo 20 de abril, que involucra un cambio trascendental en la relación que ha existido hasta ahora entre el aparato público y la ciudadanía. En este sentido, la iniciativa propia y el trabajo constante de los funcionarios públicos son fundamentales e insustituibles para el avance de este proceso de modernización y democratización del Estado.
El cambio que implica esta nueva normativa trasciende lo puramente legal. La nueva etapa exigirá una actitud proactiva de los funcionarios públicos en la profundización y aplicación práctica del principio de la transparencia, más allá de las obligaciones específicas contenidas en la ley. El desafío es lograr que el principio de la transparencia forme parte de la cultura de los servidores públicos, como un elemento esencial de los códigos de probidad del sector público.
Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública:
La Ley sobre Acceso a la Información Pública, o Ley de Transparencia, regula el principio de transparencia en la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio de ese derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información.
Uno de los principales ejes de esta Ley es la Transparencia Activa, que se refiere a toda la información que los servicios y organismos públicos deberán mantener publicada en forma permanente en sus respectivos sitios web, a la que se podrá acceder a través del banner Gobierno Transparente. Desde ahora no será necesario que el ciudadano pida o busque la información que necesite, con el gasto de tiempo y energía que ello significa. Será el Estado el que pondrá a su disposición una abundante información de manera fácil, completa y actualizada.
Aquí será posible encontrar las nóminas de quienes trabajan en el Estado y su remuneración mensual, qué servicios y bienes contratan y con quiénes; a quiénes transfieren dineros públicos para realizar sus planes y programas; cuáles son el diseño, los montos y el criterio de acceso a los programas de subsidios y las nóminas de beneficiarios. También se publicará aquí el presupuesto de cada organismo, cómo lo gasta y los resultados de las auditoría al ejercicio presupuestario.
Además, la Ley garantiza el acceso a la información pública a través de la Transparencia Pasiva o Gestión de Solicitudes. Todos los ciudadanos podrán ejercer su derecho a solicitar cualquier información a los servicios públicos y a otros poderes del Estado. La autoridad estará obligada a responderles dentro de un plazo de 20 días hábiles, ya sea entregando la información solicitada o en forma excepcional, informándole que es una materia reservada que puede afectar el interés nacional, la vida privada de las personas o la seguridad nacional, entre otras causales legales.
Con esta Ley se crea también el Consejo para la Transparencia. Se trata de un organismo autónomo con facultad de fiscalizar la aplicación de la ley, proponer normas generales sobre la materia y aplicar sanciones.
Chile exhibe estándar internacional
La entrada en vigencia de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública marcará un hito en la historia del sistema político y administrativo del país. Chile se ubicará entre aquellos países que exhiben los índices más altos en transparencia pública en el mundo puesto que la nueva Ley cumple con los más exigentes estándares de la legislación internacional, lo que contribuye a la lucha frontal contra la corrupción.
Históricamente en Chile quienes más cambios han realizado en el Estado en materia de probidad y transparencia han sido los gobiernos de la Concertación, y por cierto, el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet quien, con iniciativas como ésta, se ha propuesto avanzar decididamente hacia una mejor democracia, un mejor Estado y un área pública cada vez más moderna y eficiente

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