jueves, 20 de enero de 2011

Polémica por hidroeléctrica: Descartan cualquier posibilidad de diálogo entre autoridades y angolinos

Angol.- El Proyecto de construcción de una central hidroeléctrica de paso en el río Picoiquén, cuenta con todos los requerimientos legales autorizados para su ejecución”, aseguró Felipe Riesco, director del Servicio de Evaluación Ambiental SEA, organismo técnico encargado de hacer cumplir la normativa que regula este tipo de iniciativas.
Reseñó que la evaluación ambiental del proyecto tuvo una duración de siete meses, con amplia participación de de los servicios públicos y municipales de Angol, tal como lo ordena la Ley 19.300 y el Reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental.
En esa materia Riesco, enfatizó en que la comunidad angolina debe estar absolutamente tranquila toda vez que la Planta Hidroeléctrica de Paso, no afectará los abastecimientos de agua en la zona de Angol.
SEREMI DE GOBIERNO: EL PROYECTO TIENE IMPACTO LABORAL
Ximena Urzúa Zirotti, seremi de Gobierno, al mismo tiempo insistió en que el estudio de evaluación ambiental contó con la opinión ciudadana, agregando que los servicios públicos incluyendo a las autoridades municipales de Angol participaron en el proceso de análisis previo al proyecto, por lo que manifestó su extrañeza que ahora se opongan.
“Existen todos los medios de verificación para los procedimientos adoptados en el caso de la central Picoiquén”, explicó, haciendo mención al tema de la importancia de contar con la iniciativa desde el punto de vista de la generación de 122 empleos para la construcción de la hidroeléctrica, ello pese a que las quejas de los angolinos también apuntan a que una vez finalizada la obra, solamente se requerirá de tres personas para su operación.
OPINION CIUDADANA
Pese al definitivo rechazo de los angolinos al proyecto, Felipe Riesco, afirmó que no existe posibilidad alguna que ese servicio pueda ingresar a mesa de diálogo ni instancia que se intente fuera de la ley, añadiendo que si existen grupos minoritarios de personas que consideren que tal resolución vulnera alguno de sus derechos constitucionales, por considerarlo ilegal o arbitrario, están en su derecho de recurrir a las instancias que correspondan.

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