Defensoría Penal Mapuche cumple siete años de funcionamiento "Experiencia regional es observada como exitosa a nivel internacional"

Proporcionar justicia con igualdad, fue lo que se propuso la Defensoría Penal de La Araucanía, cuando el 20 de agosto de 2001, fue creada la Defensoría Penal Mapuche, reconociendo así el carácter multicultural de nuestra región.
Ubicada en calle Prat 020, en Temuco, esta oficina recibe a imputados y sus familiares en un cálido ambiente humano, decorado con elementos propios de la cultura mapuche.
Aquí, la atención orientada prioritariamente a imputados del pueblo mapuche, trabajan dos abogados especializados en materia indígena, Ricardo Cáceres Setién y Jaime López Allendes, además de un facilitador intercultural bilingüe, Horacio Cheuquelaf y Tatiana Alegría, secretaria con amplia experiencia en el trabajo jurídico.
El objetivo de la Oficina de Defensoria Mapuche es otorgar asistencia jurídica penal a imputados del pueblo mapuche de toda La Araucanía, que requieren de una atención especializada atendida la realidad multicultural de la región y la existencia de un importante sector de la población regional que pertenece a dicho pueblo originario.
Por la misma razón, a diferencia de las otras oficinas de la Defensoría Penal Pública, la Defensoría Mapuche atiende casos de toda la región, relacionándose por lo mismo con todos sus Tribunales y Fiscalías, ofreciendo defensa especializada, la que durante el año recién pasado a 473 causas.
El ingreso de las causas se produce generalmente de manera directa a la Defensoría Mapuche, sin perjuicio que posiblemente otra Defensoría asista a la primera audiencia, o incluso derive la causa en el curso de la investigación, si aparece un elemento que haga necesaria la atención especial.
Para la derivación se analiza caso a caso, considerando factores como: el tipo de intervinientes, vale decir si víctima e imputado residen en una comunidad indígena; el idioma mapudungun; además se analiza la relevancia o complejidad del caso evaluando si la intervención es realizada por los abogados y el facilitador, o solamente este último, quien busca solución a través de la mediación de los problemas antes de judicializarlos.
Otro de los aspectos a considerar es cuando en el hecho que se imputa existan diversas valoraciones culturales, por ejemplo bigamia; o cuando las imputaciones se dirigen contra de autoridades tradicionales o a dirigentes de organizaciones indígenas, respecto de conflictos que atañen a su investidura; o cuando los conflictos se produzcan entre comuneros, fundamentalmente asociados a problemas de tenencia o posesión de tierras, y también, cuando se producen por desacuerdo frente a beneficios otorgados por organismos del Estado; o bien la Defensoría Penal Mapuche interviene cuando la investigación se relaciones con problemas de reivindicaciones culturales o históricas.
El éxito de esta experiencia de defensa especializada ha sido valorado y reconocido positivamente a nivel internacional en foros, seminarios y estudios, lo que se ha traducido en que en forma periódica es visitada por expertos internacionales interesados en conocer su funcionamiento.