Debate: ¿Es posible despenalizar las drogas?

Santiago.- Federico Ibañez) Aunque los rechazos auguran el fracaso de la propuesta guatemalteca, la sola aceptación de su discusión en la Cumbre de las Américas revela inquietudes que despierta el avance narco. Los expertos advierten que la medida es tan inviable como peligrosa
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Resulta llamativo que sean algunos gobernantes de derecha, que hacen de la seguridad la principal bandera de su gestión, los que se encuentran detrás de la iniciativa, que fue admitida en la agenda de debate de la Cumbre de las Américas que se celebrará en Colombia a mediados de abril. Se podría esperar que, en cambio, gobiernos de tendencia izquierdista impulsen un debate tan radical, pero éstos, encabezados por el venezolano Hugo Chávez, ya adelantaron su oposición.
El presidente de Guatemala, el ex militar nacionalista Otto Pérez Molina, ha sido quien con más vehemencia planteó que la despenalización del tráfico y del consumo de algunas drogas ilegales ayudará a reducir los ingresos de los cárteles, mientras que una recaudación impositiva sobre ese comercio llevará dinero a los Estados para que sea invertido en el combate contra el narcotráfico y en programas sociales para los adictos.
Otros aliados de los Estados Unidos -Washington es el principal responsable de la estrategia de las últimas décadas en la guerra contra las drogas- como Colombia y México simpatizan con la idea. Juan Manuel Santos se mostró favorable a adoptar la medida si hay consenso a nivel federal, mientras que Felipe Calderón habló de evaluar políticas alternativas para frenar la violencia.
El primer pronunciamiento de Pérez Molina sobre el tema fue interpretado de inmediato como un instrumento de presión para conseguir más apoyo económico y militar de los Estados Unidos, país al que además solicita que ponga fin al embargo de armas que pesa sobre Guatemala. Sin embargo, "ha mostrado un compromiso tal que ha convencido a sus homólogos en la región de que su llamado es verdadero", apuntó el analista Ethan Nadelmann, director ejecutivo de la Drug Policy Alliance en un artículo publicado en el diario mexicano Reforma.
Más allá de las motivaciones, lo que parece inexorable es que la región se encamina a una discusión de las políticas que se implementan para frenar al narcotráfico. Varios países centroamericanos que han visto crecer sus índices de violencia de modo estrepitoso comparten la idea del guatemalteco, pero están abiertos a explorar otras opciones.
Imprecisiones
La iniciativa para legalizar algunas drogas no es nueva. En 2009, un proyecto similar surgió de un grupo de expertos reunidos en la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, encabezada por tres de los ex presidentes más prestigiosos de América Latina: Fernando Henrique Cardoso, de Brasil, Ernesto Zedillo, de México, y César Gaviria, de Colombia. Éste, sin embargo, no considera que el tráfico debería ser despenalizado.
Pérez Molina no ha dado a conocer los detalles de su plan. Recién en la última cumbre centroamericana, realizada en marzo y signada por la sugerente ausencia de varios mandatarios, explicó algunos puntos. "Nosotros, lo que queremos traer y dejar en el ambiente es que estamos claros que la despenalización es uno de los caminos que podríamos seguir, que no es exclusivamente el único camino, pero que también está en la mesa del debate y discusión", dijo ya más moderado.
Propuso que los países consumidores, en particular los Estados Unidos, paguen un porcentaje sobre los decomisos al narcotráfico y crear una Corte Penal regional para juzgar los delitos vinculados a ese flagelo.
"El 50% de los recursos generados serían utilizados para continuar la lucha contra el narcotráfico; un 25%, para educar a la población sobre los efectos dañinos de la droga; y el restante 25%, para dar asistencia médica a los adictos de la región", añadió.
Resistencias
La inasistencia a la cumbre del sábado de los gobernantes Mauricio Funes (El Salvador), Daniel Ortega (Nicaragua) y de Porfirio Lobo (Honduras), presidente pro témpore del Sistema de Integración Centroamericano (SICA), fue interpretada como un revés para el guatemalteco. Eso se comprobó luego, cuando el salvadoreño admitió que no quisieron apadrinar una idea "impuesta". Y si en Centroamérica su propuesta no parece despertar demasiado interés, en otros países la oposición es más férrea.
"Vale la pena discutir, pero no hay posibilidad de que en la administración del presidente Barack Obama haya un cambio de política hacia la legalización", dijo el vicepresidente de los EEUU, Joe Biden, semanas atrás. "Hemos analizado ese concepto y coincidimos en que no sirve, en que no funciona", indicó por su parte William Brownfield, el zar antidrogas.
En efecto, en Washington no encuentran los beneficios de una medida de esa naturaleza. "La despenalización es una política equivocada de capitulación, disfrazada de pensamiento progresista por Gobiernos que están comprensiblemente preocupados por los efectos de una lucha difícil de resolver que no es causada principalmente por ellos", señaló a Infobae América Evan Ellis, profesor adjunto en el Centro de Estudios Hemisféricos de la Defensa (CHDS), quien sostuvo, además, que esos países están mal equipados y no cuentan con recursos suficientes para esa guerra.
"Es irónico que algunos líderes de América Latina que desde hace tiempo señalan que la demanda de los EEUU es el núcleo del problema estén a favor de medidas para aumentar al mismo tiempo la demanda a nivel mundial, incluyendo la de sus propias sociedades", indicó.
Este especialista en pandillas urbanas señaló que esto no ayudará a detener la violencia, debido a la diversificación de los recursos de financiación de los cárteles. "Las organizaciones delictivas transnacionales seguirán participando en la misma amplia gama de actividades ilegales, salvo que se haría aún más difícil de controlar ya que una porción mayor de ello se convertiría en legítima", añadió.
"Como con cualquier cáncer, si los esfuerzos actuales para combatir el narcotráfico han sido lamentablemente dolorosos e ineficaces, capitular sólo permitiría a la enfermedad representada por la criminalidad de estos grupos difundirse aún más rápidamente por todo el cuerpo político mundial", concluyó Ellis.
Coincidió en ese diagnóstico Richard D. Downie, titular de esa universidad. "Sería muy difícil, los países no están, por ahora, organizados como para controlar la droga en forma legal ni para recaudar los impuestos. Tratar de conseguir impuestos de esos cárteles, que matan gente, si es difícil ahora, imagínese lo que será después. Entonces hay dificultades en ese concepto", dijo en una entrevista reciente con este medio.
La ONU también se hizo eco de la discusión. Y fue taxativa. "No es una opción", ya que sólo serviría para agravar el problema, manifestó Hamid Ghodse, presidente de la Junta Internacional de Estupefacientes (JIFE). "Si nos fijamos en drogas legales como el tabaco y el alcohol, no sólo matan cada año entre 10 y 15 veces más que las drogas ilícitas, sino que también el delito relacionado con el tráfico de tabaco y de alcohol no ha desaparecido y, de hecho, es una gran parte de la actividad criminal", agregó.