Araucanía.- El senador del PPD, Jaime Quintana, dijo que “hay una fase de la reconstrucción que necesariamente debe atender a mejorar las instancias de defensa de los derechos de los propietarios de viviendas que resultan dañadas por un terremoto o siniestro”. “Hay tareas que el Estado debe asumir, principalmente como políticas públicas para la reconstrucción del país, además de la modificación de la Ley General de Urbanismo y construcción, pero debemos dotar a los ciudadanos de más derechos y normas que los resguarden frente a estas situaciones”, agregando que “lo que hemos visto estos días es que las personas están quedando indefensas frente a la negativa de las inmobiliarias de ofrecerles un plan que compense el daño que han sufrido y que implique no perder un peso de la inversión realizada”. De esa forma, el parlamentario, dijo que “no es posible que en nuestro país se puedan levantar edificios sin que las empresas entreguen las garantías que les permitan responder por sus eventuales responsabilidades”Por lo anterior, el senador Quintana, señaló que “las autoridades deben generar canales de interlocución entre los afectados y sus respetivas contraparte”, asegurando que si bien, puede tratarse de un problema entre privados, hay temáticas más profundas que analizar. “No sólo es necesario modificar las normas, aumentar la fiscalización y establecer seguros, sino ayudar a las personas a articularse para defender sus derechos”.
Propuesta:
El senador Quintana, propuso crear Comités Ciudadanos, que logren agrupar el interés de los afectados por daños en sus viviendas como consecuencia del terremoto y que sean reconocidos por la autoridad competente. “hay que generar mecanismos de asociatividad para que propietarios de un mismo conjunto habitacional puedan defender sus derechos”. Además el legislador PPD propuso integrar los procesos de diseño, construcción y cálculo estructural (control de materiales), sobre todo en este último punto donde esta la clave de la seguridad para las construcciones en altura.
Asimismo, planteó que el Estado debiera establecer con urgencia asesoría jurídica para las responsabilidades de las inmobiliarias a través de los Comités Ciudadanos y establecer con prontitud el grado habitacional en que el Estado establecerá un subsidio.
En otro orden, el senador, dijo que “cuando se ha procedido a la demolición de un inmueble afectado, no existe claridad de lo que viene a continuación”, por ello planteó que es preciso que el MINVU difunda información concreta a los afectados. “Una familia que perdió su casa, ha esperado unos días por una carpa, otros días más por una mediagua, pero necesita por sobre todo tener claridad de los plazos, sobre todo de la solución habitacional definitiva”.
Finalmente, el senador PPD, manifestó sus aprehensiones respecto del Bono de Autorreconstrucción anunciado por el Gobierno, ya que – a su juicio- “no se puede plantear una solución que termine significando que la autoridad se desentiende del problema una vez entregado el bono”. Asimismo agregó que “habrá que conocer el monto y de esperar que las autoridades entiendan la necesidad de que el bono no considere como factor de distribución la Ficha de Protección Social, por cuanto será un factor discriminador que no es aplicable en el caso del terremoto”.
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