Propuesta planteada por ministro de Justicia: Supremos rechazan revisión presupuestaria de Contraloría

"Cambiaron las reglas del juego a última hora", dice el vocero del máximo tribunal.
"Queda totalmente archivado". Así describe el vocero de la Corte Suprema, el ministro Milton Juica, el estado actual del proyecto de flexibilidad financiera del Poder Judicial.
Pese a que era la prioridad del sector en el trabajo de la "mesa judicial", a los miembros del máximo tribunal no les agradó que el 18 de junio pasado el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, les planteara que la iniciativa "sólo era viable" si quedaba sujeta a la fiscalización de la Contraloría General de la República.
"Cambió totalmente las reglas del juego a última hora", cuestiona el ministro Juica, quien afirma que ese fue uno de los principales motivos para que el pleno de manera unánime resolviera dejar de integrar la mesa judicial, el viernes pasado.
"Eso es lo que se dio cuenta, y al pleno, por supuesto, no le pareció bien el cambio. Para la Corte Suprema es muy complejo y es muy difícil que acepte esa idea", explicó.
¿Cuáles son los motivos de fondo para el rechazo?
Un ministro del máximo tribunal plantea que la Corporación Administrativa del Poder Judicial es la que da más confianza para administrar y controlar los dineros del sector, sobre todo comparándola con organismos del Estado, que han presentado problemas. Además, subraya que su labor es auditada por organismos extranjeros.
Otro magistrado destaca que "el patrimonio más valioso que puede tener la Corte Suprema es su autonomía y su independencia" y que la Corporación Administrativa del Poder Judicial es mirada como un ejemplo en el país y en América Latina, ya que se somete a controles internos estrictos. "No necesitamos controles externos (...) nosotros administramos muy bien y con mucha responsabilidad".
"No queremos abrir filtros donde la independencia del Poder Judicial pudiera verse cuestionada", agrega el supremo.
"Absurdo"
Para el ministro Patricio Valdés, en tanto, resulta "absurdo" pretender que la Contraloría fiscalice a la Corte Suprema cuando a esta última le corresponde fallar en temas que involucran al ente contralor, por lo que habría conflictos jurisdiccionales. "Si tienes que interpretar un asunto de la administración, cómo la administración puede estar controlándote", cuestiona.
Señala además que el control se puede hacer a través del Congreso con mecanismos como la acusación constitucional y coincide con sus pares en que el Poder Judicial ya está sometido a auditorias externas que son plenamente confiables.
Poder del Estado
Los dineros que maneja la Corporación Administrativa del Poder Judicial estuvieron sujetos a la fiscalización de la Contraloría hasta el año 1998, cuando dejó de regir dicha disposición. "La Contraloría en forma más o menos constante se negaba siempre a intervenir en cualquier tipo de fiscalización del Poder Judicial y yo lo entiendo, porque ella está para fiscalizar entes administrativos, pero no poderes del Estado. Por eso, yo comprendo muy bien el disgusto de mis ex colegas", afirma el ex supremo Enrique Cury.
Ministro Brito juró en máximo tribunal
Con aplausos fue recibido el ahora ex presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Haroldo Brito, cuando ingresó ayer al salón de honor del Palacio de Tribunales para jurar como nuevo ministro de la Corte Suprema, en el cupo dejado por Alberto Chaigneau.
Tras la lectura del decreto de nombramiento, el presidente del máximo tribunal, Urbano Marín, pronunció un discurso donde destacó la trayectoria de Brito en el Poder Judicial -que se inició a fines de 1971 cuando era oficial segundo del Tercer Juzgado del Crimen de Valparaíso-, su intensa actividad en el ámbito académico y el rol que ha jugado en la Asociación Nacional de Magistrados, donde ocupó los cargos de secretario, tesorero, vicepresidente y presidente.
Pero en su alocución también hubo espacio para acusar la carencia de recursos para las reformas judiciales en marcha, otro de los motivos que tuvieron los supremos para marginarse de la mesa judicial.
"Desde hace tiempo se ha puesto a prueba (a la Corte Suprema) por la falta de los recursos necesarios para llevar a cabo las reformas a la justicia de familia y laboral. Esto no sólo afecta a la ciudadanía y a nuestro personal, sino que entraba sensiblemente el proceso de modernización que en varios ámbitos ha emprendido y dirige esta Corte Suprema", señaló el magistrado, que esta semana se reunirá con el ministro de Justicia.