Santiago.-Desde la dictación de la Ley 2.448, el sector pasivo se acogía a los reglamentos de dicha ley en lo concerniente al reajuste de sus pensiones y que era el resultado del Indice de Precios al Consumidor, que mensualmente entregaba el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), cuyo resultado final sumando los 12 meses del año, constituía el porcentaje a aplicar a las pensiones. Fue en abril del año 1985, época en que la banca hacía crisis por malos manejos económicos y prácticamente estaba en quiebra. El gobierno militar a través de sus ministros de Hacienda Hernán Büchi y de Justicia Mónica Madariaga, no encontraron mejor solución que arrebatarles a los jubilados, pensiones y montepíadas el reajuste legal del 10,6%, producto de la inflación de un año.
Allí tiene su origen esta “deuda histórica”. La banca lo consideró un préstamo y lo devolvió a través de los años, esta fue la deuda subordinada y esta la recibió el Banco Central de Chile, quien hoy día está en posesión de estos fondos. Demás está decir que la banca fue muy agradecida con los jubilados y con el Estado, habiendo creído que estos fondos ya habían sido devueltos a sus legítimos dueños.
Se les ha pedido a todos los gobiernos de la Concertación la devolución de estos fondos, a cada uno de los jubilados que estaban vivos a esa fecha. El Presidente Aylwin devolvió sólo una gota. Frei, Ricardo Lagos ni Michelle Bachelet no escucharon el clamor del sector pasivo. La respuesta fue siempre la misma: “no hay plata”, en circunstancias que el Banco Central seguía recibiendo los fondos de devolución de su deuda subordinada de los bancos comerciales (dinero perteneciente a los jubilados), que hasta fecha ningún Presidente de la República ha dispuesto como es de toda justicia pagar. Los jubilados consideran que este es un robo y así lo han hecho saber a la prensa. Incluso dicen arbitrar medidas para que en Cortes Internacionales, donde se ventilan atropellos a los Derechos Humanos, esta causa pueda ser admitida; lo que sería ni más ni menos que un acto de justicia.
No es posible que los gobiernos hagan causa común con un gobierno militar que les robó este 10,6% de reajuste anual a los desvalidos jubilados.
Los bancos comerciales, gozosos porque les ha ido tan bien gracias al apoyo de los jubilados, hoy agradecen al gobierno militar por haber tomado esta medida, que les impidió desaparecer del escenario bancario. A pesar de ello 16 entidades financieras debieron cerrar y declararse en quiebra.
Sin embargo hay una esperanza. ¡En agosto de 2009 en plena campaña presidencial el actual Presidente Sebastián Piñera entrevistado en un editorial por el Director de este diario dijo: textual; "la deuda que el Estado tiene con los jubilados por la apropiación del 10,6% de sus pensiones, yo si soy elegido Presidente de Chile la pagaré, porque es una gran injusticia”.
No creemos que el Presidente Piñera haya olvidado esta aseveración, ni que sea una promesa rota.
¡Los fondos que devolvieron los bancos - están en las arcas del Banco Central!
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