Villarrica.- Son muchos, cumplen condenas larguísimas, viven hacinados y en condiciones penosas. Los presos comunes chilenos, aislados dentro de los muros de las cárceles, son los olvidados del sistema.
Y sus protestas jamás conseguirán la acogida que obtuvieron los estudiantes. Son los malditos que nadie quiere escuchar.
Depósitos de personas: así define a las prisiones el experto argentino Elías Neumann. Y la descripción vale para las cárceles chilenas. Según un estudio publicado por King´s College London, Chile ocupa el tercer lugar de mayor población penal en Sudamérica con 305 reos por cada 100 mil habitantes y el número 33 en el mundo. En de marzo de 2011, según Gendarmería de Chile, la población penal estaba constituida por 105 mil 936, de los cuales 51 mil 707 se encontraban bajo el subsistema cerrado, es decir, detenidos, procesados, imputados o condenados.
Como resultado de ello, el hacinamiento y la sobrepoblación penal produce que las cárceles sean insuficientes para la población penal privada de libertad, que ve cómo su calidad de vida sigue empeorando día a día. Destaca, entre otras estadísticas, que del total de recluidos durante el año 2008, apenas un 4 por ciento (2 mil 084) se vio beneficiado con cursos de capacitación, mientras que sólo el 33.5 por ciento realizaba alguna actividad laboral.
A los que conforman la población penitenciaria se les dice "personas" porque los que están presos con una condena de tres años y un día no se pueden llamar ciudadanos, porque legalmente han perdido esa condición. Pero eso no quiere decir que pierdan su condición de seres humanos. Aunque muchas veces no se les trata como a tales.
Aquí también estamos experimentando un alza considerable. El conteo que hizo Gendarmería el último día del año 2005 dio un total de 36 mil 974 personas encarceladas. Diez años atrás eran 22 mil. Un crecimiento anual de 5,4.5 por ciento, en comparación con el 1,2 por ciento de crecimiento de la población. La I Región se lleva el premio, con 760 personas por cada cien mil. Pero la II, VI, XI y, por supuesto, la Metropolitana, están por encima de la media nacional.
Presos de Larga Duración
¿Quiénes son estos presos? En su mayoría, hombres jóvenes (las mujeres representan alrededor de un 7 por ciento). La mitad tiene menos de 30 años y un tercio tiene entre 30 y 40. O sea, que el 80 por ciento está en el momento de mayor capacidad productiva y con obligaciones familiares. Pero lo más terrible es que las penas que cumplen son larguísimas. El 75 por ciento del total de presos cumplen condenas de entre cinco y veinte años, condenados en su mayoría por delitos contra la propiedad – hurto, asalto – (en el caso de las mujeres, el mayor porcentaje es por delitos relacionados con el tráfico de drogas). Sólo un dato para comparar: en Alemania, los que cumplen penas de más de cinco años son el 14 por ciento contra el 75 por cientode aquí. Y en el otro extremo: los que tienen condenas de menos de un año son en Alemania un 44 por ciento y en Chile un 2,2 por ciento. O sea, que entrar a una cárcel chilena significa pasar la mejor parte de la vida encerrado. A pesar de estas altas cifras, el 80 por ciento de la población considera que las penas en Chile son bajas o muy bajas (Ministerio de Justicia, 2003). Aumentan los presos y las condenas. Y lo que disminuye son los distintos beneficios que reconoce cualquier sistema penal, como son los permisos de domingo, los de fin de semana y la libertad condicional.
Hacinados
Enorme número de presos, largas condenas y escasos permisos, muchos entran y pocos salen. Y si cada día entra más, el resultado es hacinamiento. Amnistía Internacional, en su informe mundial 2006, destaca "el hacinamiento, la falta de asistencia médica, las condiciones sanitarias deficientes y las infraestructuras inadecuadas" en Chile.
El hacinamiento afecta negativamente a cualquier tipo de ser vivo. Y les añade a los presos chilenos un sufrimiento que no forma parte de su condena y exacerba todas las tensiones derivadas del severo sistema que mantiene altas condenas y escasos permisos. La lucha por un espacio vital mínimo estalla en violencia, a veces en motines y otras más cotidianas de agresiones contra los gendarmes, entre ellos mismos y las salvajes autolesiones. Estudios internacionales calculan que entre los cuatro y los seis años de reclusión es cuando cunde el "síndrome de separación", que se manifiesta en perturbaciones emotivas, de comprensión y de juicio y formas de regresión hacia el infantilismo.
Así un año tras otro, y el día que cumplen su sentencia y salen al exterior lo que se encuentran es la nada. La familia se ha evaporado y nadie los espera. Ha pasado demasiado tiempo. Cuando las condenas son cortas, a pesar de la ruina económica que conlleva que el hombre, generalmente el proveedor de su casa, esté encarcelado, las mujeres ‘aperran' como pueden y se las arreglan para visitarlos y mantener el vínculo. Y consiguen, de mala manera, poner en práctica los contactos íntimos en los ‘camaros', como llaman a juntar un par de bancos de la sala de visita, a modo de cama, y una frazada que hace las veces de biombo que protege a los amantes de las miradas del resto. Sexo urgente, precario, desesperado, para mitigar la soledad.
Por otro lado, la institución de Gendarmería requiere una profunda remodelación. Estudios demuestran que su formación, basada en la doctrina militar, es de un año, aunque, ante el número creciente de presos, esta formación se está limitando a seis meses y que la mayor parte de la formación depende de la propia experiencia dentro de los penales. No parece suficiente ni para ellos ni para los presos que tiene que vivir bajo su tutela.
Los presos comunes chilenos están en la zona oscura de la vida, a la que sólo entra algo de luz cuando la violencia hace que los medios de comunicación se interesen por su suerte.
La sociedad en general desconoce casi todo sobre esta realidad, y una mayor información y sensibilización ayudaría a mejorar la seguridad ciudadana. Pero también ayudaría a la propia cultura de la sociedad al entender que todos, incluidos los delincuentes, tienen derechos. Por algo la Constitución chilena los asegura para "todas las personas" y no sólo a los ciudadanos, que son esos que caminan libres, aunque no siempre erguidos, por los senderos, caminos y calles del país.
En Villarrica, los maltratos contra personas recluidas en la cárcel de parte de Gendarmería llevaron a investigar y un sumario interno, además de una querella por parte de los reos a los gendarmes. Este caso salió a la luz por un vídeo publicado por el Diario Austral y dejó al descubierto graves casos de tortura y maltratos por parte de gendarmes contra un grupo de reos en la cárcel de Villarrica. Ya el año 2009 la ONU había manifestado al gobierno su preocupación en relación a los abusos cometidos en centros penitenciarios.
El coordinador del programa Ciudadanía e Interculturalidad del Observatorio Ciudadano, José Araya, explica que las “denuncias de abusos y torturas al interior de los centros penitenciarios chilenos no son nada novedoso”.
“En organismos internacionales y en diversos organismos de Naciones Unidas, constan diversas denuncias de malos tratos al interior de cárceles en Chile. Es asunto reconocido que, lamentablemente, la recurrencia de abusos y malos tratos hacia los presos es parte de una cultura carcelaria que hace falta erradicar en el país”, señala Araya.
Lo sucedido en Villarrica es claramente el reflejo de la situación carcelaria en nuestro país. Cabe recordar que entre las recomendaciones formuladas al Estado chileno por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT), en el marco de su informe sobre el cumplimiento de los compromisos contraídos al ratificar la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Inhumanos o Degradantes, existen algunas que se refieren expresamente a las deficientes condiciones al interior de los centros penitenciarios de Chile.
El examen a Chile tuvo lugar en Ginebra en abril del 2009, recomendando al Estado de prestar atención “particularmente en lo relativo a las condiciones materiales, el hacinamiento y los abusos y sanciones injustificadas en la aplicación del régimen disciplinario”, señala en su artículo 16.
Otras de las recomendaciones formuladas por el CAT son:
a) Adoptar medidas eficaces para mejorar las condiciones materiales de los centros penitenciarios, reducir el hacinamiento existente y garantizar debidamente las necesidades fundamentales de todas las personas privadas de libertad;
b) Establecer un mecanismo nacional de prevención que tenga competencia para efectuar visitas periódicas a centros de detención a fin de implementar plenamente el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura;
c) Establecer medidas de seguridad acordes con el respeto a la dignidad de las personas privadas de libertad, de manera que se eliminen las celdas de aislamiento.
Las soluciones al alcance de la mano
Junto con proponer modificaciones a la ley para descongestionar las cárceles, reemplazando las multas y penas inferiores a un año por trabajos comunitarios, o la búsqueda de indultos y penas alternativas para delitos menores, los expertos concuerdan en que resulta necesario revisar más en profundidad el sistema penitenciario y proyectar soluciones efectivas de corto y largo plazo.
Recientemente, el nuevo ministro de Justicia, Teodoro Ribera, revisó en terreno la aplicación de las reformuladas medidas de seguridad en los penales del país visitando la Cárcel de San Miguel, que sufrió un dramático incendio en diciembre pasado, que costó la vida a más de 80 reclusos. Durante la visita, en compañía del Director Nacional de Gendarmería, Luis Masferrer, el ministro destacó cambios importantes en el centro penitenciario y en las condiciones de vida de los internos. Entre ellos destacó, por ejemplo, los esfuerzos hechos para reducir el hacinamiento en las cárceles chilenas. “Se han tomado, en esta cárcel por ejemplo, medidas muy positivas. La población penal se ha reducido (…) y ha habido un aumento del personal de gendarmería (…) Ha habido un uso más racional de los recintos penitenciarios”, aseguró el ministro Ribera.
Esperamos que los cambios de Infra estructura que se realicen vayan de la mano con cambios institucionales, de trato con los reos, que se separen los delincuentes por áreas y que la cárcel no sea un criadero de peligros para la sociedad, sino al revés, sea la posibilidad de estas personas de volver a caminar libres por las calles del país, trabajando por el bien de ellos y de nuestra sociedad
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