Esposa del médico de Boyeco pide $ 100 millones tras ser formalizada por el fiscal Omar Mérida

Temuco.- El abogado José Ignacio Araneda, quien representa a la técnico en enfermería Patricia Lagos Correa presentó hoy en la Corte de Apelaciones de Temuco una demanda en contra del Estado por la actuación del fiscal Omar Mérida, solicitando una indemnización de $ 100 millones para su representada. Lagos Correa es la pareja del médico Luis Néstor Avendaño Zapata, el ex director del consultorio Boyeco, quien permanece en prisión preventiva en la cárcel de Temuco imputado como presunto autor de delitos sexuales. El abogado sostiene que el fiscal ha tenido una actuación “injustificadamente errónea y arbitraria al formalizar a su representada por el delito de obstrucción a la investigación, argumentando que ésta intentó convencer a víctimas del médico para que cambiaran su declaración, causa donde el tribunal de Garantía decretó el sobreseimiento definitivo, lo que fue confirmada por la Corte de Apelaciones. En el escrito se expresa que “a mediados del mes de junio del año 2012, el fiscal Omar Mérida informó en los medios de prensa que formalizaría a doña Patricia Lagos Correa por haber cometido el delito de obstrucción a la investigación. Añade que el persecutor penal señaló a la prensa que la señora Lagos había intervenido directamente con víctimas y testigos para impedir que la investigación avanzara. El abogado José Ignacio Araneda dijo que un mes después y ante el Juzgado de Garantía de Temuco, “el fiscal le imputó a Lagos, entre otros supuestos hechos, el ejercer presiones hacia su hija (una de las presuntas víctimas) para que no prestare declaración sobre los hechos investigados, instruyéndola para que no contare a nadie lo sucedido”. Agrega que “tal imputaciones efectuadas por el representante del Ministerio Público no era verdadera, así como tampoco los otros hechos imputados, puesto que la señora Lagos Correa había colaborado inmediatamente con la investigación, facilitando y permitiendo el testimonio de la menor ante los funcionarios de la PDI, e incluso el suyo propio, a escasos días de iniciada la investigación. Incluso, la menor fue llevada por su madre al Servicio Médico Legal de Temuco para ser sometida a pericias psicológicas, las cuales no acreditaron la existencia del supuesto hecho de abuso investigado en la menor”. El profesional expresa en la demanda que “la Fiscalía de Temuco formalizó a la Sra. Lagos por el delito de obstrucción a la investigación, formalización que luego fue sobreseída definitivamente por resolución confirmada por la Corte de Apelaciones de Temuco, en razón de que los hechos no eran constitutivos de delito alguno”.