“He visto a muchos parlamentarios de oposición preocupados de los mapuches”

Valparaíso.- ( Tatiana Cáceres, Periodista)El problema de fondo que afecta a las comunidades mapuches es que durante los gobiernos de la Concertación y también en los gobiernos anteriores han sido maltratadas y abandonadas”. Así lo señaló el senador Alberto Espina en su intervención en la sesión del Senado donde se discutieron las modificaciones a la ley antiterrorista.
El parlamentario recordó que en julio de 2003 el Senado en forma unánime aprobó un informe en que se señalaba textualmente: “Los miembros de las comunidades mapuches situadas fundamentalmente en la Regiones VIII y IX enfrentan gravísimos problemas de extrema pobreza, desempleo, falta de capacitación para el trabajo y reales oportunidades, así como una serie de dificultades para acceder a los beneficios de la educación y la salud.”
Según palabras de Espina este informe dejaba claro al gobierno de la época la necesidad de tomar medidas que fueran en apoyo de estas comunidades, de reconocer constitucionalmente a los pueblos originarios, sus tradiciones, cultura, organización y simultáneamente avanzar en lo que se refería a políticas de tierras. “Los gobiernos de la Concertación continuaron con una política errática, llena de irregularidades y que jamás abordó integralmente el problema de las comunidades mapuches. Tanto es así que si nosotros vemos la última encuesta Casen la pobreza de la Araucanía aumentó de 183 mil personas a 261 mil personas, es decir, las políticas aplicadas por la Concertación en vez de disminuir la pobreza la aumentaron. Esa es la cruda realidad”, dijo el senador.
Medidas del Gobierno
Por otra parte el senador señaló que el Gobierno está dialogando directamente con las familias y con los abogados de los comuneros para que depongan la huelga, en esta materia monseñor Ezzati, arzobispo de Concepción, ha asumido un importante rol de mediador. Simultáneamente, indicó que el Gobierno ha adoptado dos medidas para garantizar un juicio justo a quienes hoy día están en huelga de hambre.
Lo primero tiene relación con restringir el ámbito de acción de la justicia militar, es decir, trasladar los juicios que deberían ser vistos por la justicia civil y que actualmente son llevados a la justicia militar y en segunda lugar la introducción de modificaciones a la ley antiterrorista. “El Gobierno no está debilitando la ley antiterrorista, está realizando correcciones para que sancione con claridad los actos que constituyen conductas terroristas y simultáneamente garantice un juicio justo a quienes son acusados de estos delitos.”, señaló el senador.
“Lo que está haciendo el Gobierno con la ley es correcto ya que se propone eliminar la presunción de delito terrorista porque afecta la figura de presunción de inocencia que está consagrada en nuestra constitución y mantiene el delito de incendio cuando tiene por objeto causar temor a un sector de la población, pero disminuye su pena, ya que actualmente puede llegar a los 40 años de cárcel a través del presidio perpetuo calificado.
El gobierno ha graduado esa pena de manera que vaya desde 10 años y un día a 20 años”, manifestó el parlamentario. Respecto de la postura de la Concertación que pedía eliminar los delitos de incendio de la ley, el senador dijo que eso “es ajeno a la forma como en el resto de los países se legisla las conductas terroristas. Alguien puede creer que no es terrorista una conducta si el día de mañana se quema una iglesia, se queman las viviendas de comunidades mapuches, un medio de comunicación o se persigue a alguien por su preferencia sexual quemándole sus bienes, esa conducta alguien podría creer que es un delito común y no un delito terrorista,” acotó el senador.