Araucanía.- (Tatiana Cáceres) Parlamentario afirma que el Gobierno ha hecho todo lo que está a su alcance para terminar con el conflicto.
Haciendo un alto en su intenso trabajo, que concentra en esto días en la ley de presupuesto para poner en marcha el Plan Araucanía, que significará 4500 millones de dólares en beneficio para la región y en lograr el término de la huelga de hambre de los comuneros mapuches, para lo cual se ha reunido con líderes de todos los sectores de la Araucanía y las principales autoridades del Gobierno, el senador Alberto Espina fija su posición frente a este último tema que ha concitado la atención de todo el país.
1.- ¿Qué opina de la decisión de los comuneros de mantener la huelga de hambre luego de la última propuesta del Gobierno?
- Es lamentable y no tiene justificación, porque el Gobierno aceptó todas sus peticiones para garantizarles un juicio justo. Les pido que recapaciten por el bien de ellos, de sus familias y de la propia causa mapuche.
2.- ¿Por qué no tiene justificación?
- Porque el Gobierno ha hecho todo lo que está a su alcance. Presentó proyectos para traspasar los juicios de los tribunales militares a los civiles, para modificar la ley antiterrorista, eliminando todos aquellos aspectos que pudieran afectar un juicio justo e incluso señaló que, reformulará las querellas por delito terrorista para que sean juzgados por delitos comunes, sin perjuicio de lo que resuelvan los tribunales finalmente. Recordemos que al igual que el pueblo mapuche aquí existen otros grandes olvidados que son las víctimas de los actos de violencia, a los que se les han quemado sus casas, sus maquinarias, sus camiones, sus cosechas, sus vehículos y es dramático ver como se olvidan sus derechos humanos, lo que es de una tremenda injusticia. Por eso yo pedí que se incorporará en la ley una norma de atención a las víctimas de la violencia, sean o no mapuches, que el Senado aprobó, pero que de manera increíble los diputados de la Concertación votaron en contra.
3.-- Pero los comuneros exigen que se siente en la mesa de negociación el Ministerio Público...
- El Gobierno también cumplió con la petición de los comuneros de dialogar con ellos, pero pedir que participe el Ministerio público, no es posible, ya que como el propio Fiscal Nacional lo ha dicho, éste es autónomo y sería inconstitucional pretender que entre en una negociación política. ¿Se imagina usted el día de mañana al Ministerio Público negociando con los políticos el resultado de los juicios, es decir, que sus sentencias fueran objeto de acuerdos políticos? Eso es contrario a la democracia, al Estado de Derecho y a la independencia de los jueces.
4.- La Concertación culpa al Gobierno de no lograr el término de la huelga de hambre...
- Eso no es verdad, el actual Gobierno ha hecho todo lo que está a su alcance para que termine la huelga. Los verdaderos responsables del abandono, pobreza y humillación de la cual ha sido víctima el pueblo mapuche durante los últimos 20 años son los gobiernos de la Concertación y también los gobiernos anteriores. Nunca abrieron espacios de participación para las comunidades, la Conadi sólo hizo noticia por sus irregularidades y la política de entrega de tierras fue un rotundo fracaso, ya que se asignaron arbitrariamente y sin ningún apoyo productivo. El resultado es que los últimos cuatro años los pobres en nuestra región en vez de disminuir aumentaron a 261.365, la cifra más alta del país.
5.- ¿Y cómo ve el futuro de este conflicto?
- Espero que los comuneros reflexionen y terminen con la huelga, ya que hacerlo contribuirá a que podamos cumplir más rápido el compromiso del Presidente Piñera de lograr un gran reencuentro histórico con nuestros pueblos originarios.
6.- ¿En qué consiste ese reencuentro histórico?
- En asumir e incorporar en nuestra Constitución que somos un país multicultural, que seamos capaces de convivir en paz, en crear el consejo de pueblos originarios elegido democráticamente por ellos para que se les consulte en todas las materias que les afecten, en establecer en las comunas una oficina de asuntos indígenas para que sean asesorados en sus derechos con el respeto y dignidad que se merecen, en fijar, sin ambigüedades, las tierras que se les entregarán en virtud de sus títulos de merced reconocidos por el Estado de Chile, con el apoyo necesario para que puedan trabajarlas y hacerlas productivas, y en darles la educación y atención de salud que les permita vivir con dignidad y respeto.
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