El cobarde atentado que sufrió Eduardo Luchsinger y su familia es uno más de una cadena de actos violentos que desde hace años se repiten en La Araucanía. Son perpetrados por grupos minoritarios, muy organizados, que no representan en nada a las Comunidades Mapuches, formadas por compatriotas honestos, que sufren la mayor pobreza del país y que reivindican sus legítimos derechos en forma pacífica y dentro de la ley.
Es muy importante distinguir las acciones que se deben seguir frente a los grupos violentistas de aquellas que deben adoptarse ante el abandono y la falta de oportunidades que viven las comunidades mapuches.
A los violentistas hay que aplicarles todo el peso de la ley, para lo cual se requiere la voluntad decidida del Gobierno, un trabajo de inteligencia policial que identifique y detenga a sus cabecillas, fiscales que cuenten con los medios para realizar investigaciones exitosas y jueces que hagan respetar el Estado de Derecho.
Hasta ahora el Estado ha fracasado en el cumplimiento de este deber, cuyo efecto más pernicioso es la existencia de un clima de inseguridad que afecta por igual a mapuches y no mapuches.
Para superar el drama de la pobreza que viven las comunidades mapuches se deben modificar las políticas públicas (CONADI, Programa Orígenes, Fondo de Tierras y Aguas, Áreas de Desarrollo Indígenas, etc.) focalizándolas en forma eficiente, midiendo su real impacto y asegurando la participación y consulta a las propias comunidades para la generación de propuestas, ejecución de programas y la capacitación de los funcionarios que deben concretarlas.
También se debe asegurar el derecho de los Mapuches a conservar, desarrollar y fortalecer su identidad, cultura, idioma, instituciones y tradiciones. Se debe avanzar simultáneamente en ambos frentes, para lo cual es decisiva la voluntad real del Gobierno. Sólo así habrá una política de Estado en que Oposición y Gobierno trabajemos juntos.
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