Funcionamiento de la justicia electoral

Araucanía.- Era previsible que, debido a los múltiples problemas derivados de la instauración de la inscripción automática y del voto voluntario y su primera aplicación en las recientes elecciones municipales, los tribunales electorales tendrían un desempeño importante, como efectivamente ha ocurrido. Supuestos votos perdidos, incongruencias en las actas, inclusión de personas fallecidas en el padrón electoral, aparición de urnas no escrutadas, retraso en la entrega de información, llevaron a no pocos candidatos que se sintieron afectados a recurrir a ella. Con todo, lo que podría haber dado lugar a un problema mayor ha fluido dentro de los cauces institucionales -con la anulación de muy pocas elecciones y la proclamación de algunos candidatos que parecían inicialmente perdedores-, gracias al buen desempeño de los tribunales electorales y a la colaboración y correcta aceptación de sus veredictos por todas las partes. Uno de los casos más significativos ha sido el de Ñuñoa, donde el Tribunal Electoral Metropolitano declaró como ganador a Pedro Sabat (RN), por sólo 30 votos de diferencia con Maya Fernández (PS), revirtiendo el resultado inicial. El mismo tribunal, ateniéndose a la institucionalidad, declaró admisible el recurso presentado por el Partido Socialista (PS), dejando la decisión final en manos del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). A su vez, en Ollagüe el Tribunal Electoral de Antofagasta declaró nulo el proceso y ordenó repetir la elección, debido a un supuesto "acarreo" de votantes: pese a contar esa localidad con una población de sólo 246 habitantes mayores de edad, votaron 723 personas, resultando ganador Carlos Reygadas (UDI) con 436 sufragios. Tal situación no es nueva en ella, sin embargo, ya que en elecciones anteriores se habían llegado a contabilizar 1.055 votos. El conjunto de la situación merece análisis posterior, porque privilegia una prueba de domicilio hoy difícilmente exigible y comprobable. Los problemas suscitados en esta elección han sido enfrentados por la justicia electoral. No obstante, el Gobierno ha hecho bien en tomar la iniciativa de introducir mejoramientos en el sistema electoral, buscando evitar que situaciones similares se repitan, con el riesgo de producir un daño mayor en la confianza ciudadana, que puede tener riesgosas consecuencias. Es más que oportuno el anuncio de un proyecto de ley para diciembre próximo -que no admite postergación-, elaborado por una comisión de expertos, que contemplaría un mecanismo de capacitación permanente para los vocales de mesa y una integral depuración del padrón electoral.