Junto al ministro (s) de Planificación Eduardo Abedrapo, quién subrayó la importancia de la ratificación del Convenio 169 de la OIT, que “lo que nos impone es un trabajo arduo para efecto de los derechos que allí se reconocen, efectivamente puedan ser ejercidos por las comunidades y los pueblos indígenas de nuestro país” aseguró.
Con un acto en la Municipalidad de Peñalolén, cerca de 150 dirigentes indígenas de todo el país, el ministro (s) de Planificación, Eduardo Abedrapo, el alcalde de la comuna Claudio Orrego, el director de Conadi, Álvaro Marifil, el director del Programa Orígenes, Fernando Quilaleo y otras autoridades, celebraron este lunes la ratificación del Convenio 169 de la OIT.
El Convenio es la normativa internacional vigente más importante al momento de reconocer y cautelar los derechos indígenas por parte del Estado. En esta línea, el ministro (s) Abedrapo señaló que para concretar efectivamente el sentido de este instrumento "es necesario modificar las normativas actuales, que aseguren el derecho básico a la participación, a que las comunidades sean consultadas y tengan un rol fundamental en la generación de las normas y los cuerpos jurídicos, que tengan especial aplicación en relación con ellos”.
La ratificación del Convenio 169 es una de las reivindicaciones políticas más importantes de los pueblos indígenas de Chile desde 1989 y es parte del cumplimiento de la política indígena “Re-conocer: Pacto Social por la Multiculturalidad”, dada a conocer en abril por la Presidenta Michelle Bachelet.
El Convenio fue ratificado por el Gobierno de Chile el 15 de septiembre pasado y entrará en vigencia en igual fecha de 2009, ya que "impone un conjunto de indicaciones muy precisas al Estado chileno para adaptar su institucionalidad interna, las normas jurídicas, las normas administrativas y el trabajo de las instituciones”, dijo el ministro (s).
La autoridad explicó que uno de los reconocimientos fundamentales para los pueblos indígenas es el derecho a tierra y agua. “Esto implica que el Estado chileno deberá adaptar su institucionalidad, de tal modo que los desarrollos productivos o económicos del futuro se hagan con respeto no sólo a las tradiciones, si no que a una cosmovisión y una valoración de estos elementos vitales", sostuvo.
En América Latina, el texto ha sido ratificado por México, Colombia, Guatemala, Venezuela, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Costa Rica, Paraguay y Honduras. También lo han respaldado Fiji, Noruega, Dinamarca y Países Bajos, entre otros.
El Convenio fue ingresado al Congreso por el primer gobierno de la Concertación en 1991 y había sido aprobado con una votación transversal mayoritaria el 11 de abril de 2000 por la Cámara de Diputados. Finalmente, el Senado lo aprobó el 4 de marzo pasado por 36 votos a favor y uno en contra, después de 17 años de trámite parlamentario.
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