1 Asistencias adulteradas
Como los recursos que el Estado entrega a cada colegio se calculan según cuántos alumnos van a clases, Contraloría verificó que una serie de establecimientos abultaban sus datos de asistencia para cobrar más subvención. Incluso, detectó que, a nivel país, 50.886 alumnos figuran inscritos en más de un colegio.
2 Cheques duplicados
La Contraloría detectó irregularidades en Chile Califica (un programa de nivelación de estudios para adultos). Franka Grez y Julio Jiménez, ex funcionarios de la Seremi, habrían entregado a algunas entidades ejecutoras cheques duplicados. Es decir, se pagaba dos veces por sus servicios, causando un perjuicio fiscal de 53 millones de pesos. Franka Grez se ha defendido diciendo que no firmó personalmente los documentos, sino que su firma estaba en un timbre.
3 Pagos indebidos
Para cobrar la subvención se debe ser sostenedor de un colegio. Sin embargo, Contraloría detectó que Franka Grez giró cheques a dos personas que en el momento de recibir los fondos no cumplían con ese requisito: Carmen Muñoz y Gladys Audala. Ambas serán formalizadas en marzo y habrían recibido pagos por unos 205 millones de pesos. La fiscalía investiga una posible amistad entre las tres, que Grez desmiente.
4 Gestión de Traverso
Un nuevo informe de Contraloría, revelado la semana anterior, analizó la gestión de Alejandro Traverso al mando de la Seremi Metropolitana. Tras analizar el período 2004-2006, detecta desórdenes en el manejo de 260 millones de pesos. Estos antecedentes llevaron a la Contraloría a solicitar la remoción de Traverso el 4 de febrero por haber sido «negligente en la administración y resguardo de los fondos públicos a su cargo». Se estima que este lapidario informe fue el real motivo de su salida y no sólo su «responsabilidad política» por las irregularidades cometidas por sus subalternos Franka Grez y Julio Jiménez.
5 Ministra cuestionada
La oposición exige a la ministra Yasna Provoste asumir su responsabilidad política por el caso. Por ello, anunció una interpelación en el Congreso y estudia una eventual acusación constitucional en su contra. Provoste ha insistido en que los 260 mil millones de pesos cuestionados sí tienen respaldo, y ha apoyado a Traverso diciendo que «fue la Contraloría la que sugirió que él debía (...) seguir frente a la secretaría hasta que terminara todo este proceso». Sin embargo, la ex subsecretaria de Educación, Pilar Romaguera, aseguró que hasta ahora están respaldados los años 2006 y 2007.
Estas son las irregularidades al interior de la Secretaría Regional Ministerial de Educación (Seremi) Metropolitana detectadas por la Contraloría.
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