Angol.- Luis Marileo, Cristian Levinao, Miguel Toro y Claudio Huentecol ya han participado en varias movilizaciones, quienes el pasado 23 de marzo iniciaron una nueva huelga de hambre líquida en la cárcel de Angol.
Los dos primeros exigen volver al Centro de Estudios y Trabajo (CET) de Angol, para cumplir su condena bajo una forma alternativa, lejos de la custodia de Gendarmería. Mientras, Miguel Toro y Claudio Huentecol exigen el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva a una de menor complejidad, al menos mientras dure la investigación, y afirman que existen pruebas concretas que comprobarían su inocencia, pero que éstas fueron retenidas por la Fiscalía.
Sin embargo, uno de los voceros, Jaime Marileo, indicó que las peticiones se ajustan a los lineamientos internacionales, los que apuntan a otorgar medidas alternativas de reclusión cuando se trata de delitos o faltas cometidas en el marco de procesos de reivindicación territorial: “Los petitorios son muy alcanzables. La primera demanda es retornar al CET y la otra un cambio de medida cautelar. Nosotros como vocería vamos a trabajar esta huelga con tranquilidad, hemos tenido toda la voluntad de conversación y, en ese sentido, tengo una tranquilidad única”, afirmó.
Por otro lado, los familiares de José Huenuche, histórico dirigente y exintegrante de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), quien fue detenido el pasado 22 de enero, denuncian que su recaptura es totalmente injusta y responde a una nueva oleada de persecución política.
Su compañera, Millaray Garrido Paillalef, dijo que “José está en prisión preventiva en Angol hace ya dos meses. Está por un hurto de madera, que es un delito bastante menor para mantenerlo en preventiva. Está allí por la condena anterior que tienen en el caso del Fiscal Mario Elgueta, al que se le ha dado bastante fanfarria durante las audiencias que hemos tenido en el tribunal. En realidad, está cumpliendo prisión preventiva nuevamente por esa causa, porque por hurto no debería estar bajo esa medida por ninguna causa”, afirmó, “Sentimos que esta es una nueva embestida por parte del Estado”, añadió.
La preocupación por los procedimientos judiciales irregulares se ha reinstalado, con la reciente condena a cinco años de Emilio Berkhoff, ex-estudiante de Antropología y simpatizante de la causa mapuche, en cuyo juicio destacó la pugna por la utilización de testigos sin rostro, fuentes de oídas y pruebas que, según la defensa, no cumplían el estándar de un debido proceso.
Pero eso no es todo. Las comunidades insisten en la desmilitarización y despenalización de sus territorios, como la comunidad Winkull Newén, que comenzó hace poco una campaña en las redes sociales, como ya lo han hecho varias localidades, prestándose mutuo apoyo.
Fuente: radio.udechile.cl
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