Angol.- Producto de una seguidilla de malos entendidos y desconocimiento de normativas legales respecto a situaciones contractuales una familia fue lanzada a la calle en horas de la mañana del martes con la fuerza pública, lo que provocó gran revuelo en el populoso sector poblacional Juan Pablo Segundo.
Los afectados son la familia integrada por María Erices y su conviviente Arturo Cáceres, quienes fueron obligados a abandonar la vivienda en que vivían y sus pertenencias fueron sacadas al exterior.
PROBLEMA
Se trata de una vivienda social que la pareja arrendaba desde hace tres años, cuya propietaria es Cristina Lezana.
Sucede que a la arrendadora, a través de comentario del vecindario, le dijeron que las casas no debían ser arrendadas por tratarse de un proyecto social, razón por la cual dejó de pagar los arriendos a su propietaria hace aproximadamente 10 meses.
En efecto, la ahora desalojada, dijo que le habían dijo que a través del municipio le buscarían una solución también con apoyo de la Gobernación, pero éste no llegó.
CRISIS
En el momento en que se encontraba sacando sus pertenencias, María Eríces, explicó que se confiaron en el hecho que tenía entendido que no debía pagar arriendo, aunque ahora su situación económica se ha agudizado, debido a que su pareja por razones de salud, está imposibilitado de trabajar, además que tiene un hijo en la universidad, por tanto todos sus recursos que gana en un trabajo que tiene lo ocupa en los estudios de su hijo y para sobrevivir.
LANZADOS
A juicio de la afectada, el desalojo fue de la noche a la mañana sin previo aviso, ya que aunque digan que le enviaron papeles, ella no recibió absolutamente nada.
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