Santiago.-El nombre de la abogada Julia Hormazábal se hizo conocido el 26 de marzo de 2005 cuando Augusto Pinochet Ugarte la nombró albacea de todos sus bienes, en reemplazo de Oscar Aitken. Su nombre volvió a surgir este miércoles en la mañana en la apertura del testamento que el ex gobernarte dejó en el año 2005 y que modificó al de 2000.
En el escueto documento que se conoció este miércoles sólo se mencionó el cambio de albacea y se hizo una breve referencia al testamento “de verdad” que permanece dentro de una caja fuerte en el Banco de Chile. Esta sí es la última voluntad de Pinochet que deberá cumplir la abogada Hormazábal, si la justicia no dispone otra cosa.
Julia Hormazábal tiene actualmente 59 años y es amiga de Lucía Hiriart Rodríguez, viuda de Pinochet. Fue estrecha colabora de la ex primera Dama entre 1973 y 1990 en Cema Chile. Incluso, se desempeñó como representante legal de esta institución que también recibió bienes de parte del régimen del general Pinochet.
El ex dictador la designó albacea dos días después de que el Servicio de Impuestos Internos incluyó a Oscar Aitken en la querella que seguía contra Pinochet por fraude al Fisco. Por un tiempo, Lucía Hiriart quedó a cargo de la administración de los bienes, pero ante la posibilidad de que ella también fuera querellada, nombraron a Hormazábal.
La abogada deberá ejecutar las instrucciones que dejó Pinochet en su testamento del año 2000. Éstas contemplan la administración de sus bienes (dinero y propiedades) y distribuirlos entre los herederos. Hormazábal también deberá repartir el patrimonio de Cema Chile entre sus directores una vez que deje de funcionar la institución.
Como albacea, la abogada Hormazábal está facultada para asumir la representación legal de las varias sociedades extranjeras en que Pinochet depositó sus dineros con el seudónimo de Daniel López. También está maniatada para controlar las finanzas de la familia Pinochet y para vender o finiquitar las mencionadas sociedades.
Sin embargo, todos los bienes de Augusto Pinochet Ugarte están embargados y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) quiere conocer el monto total de ellos para demandar a sus herederos por malversación de caudales públicos, evasión tributaria y otros ilícitos que perjudicaron al fisco chileno. Se estima que el monto defraudado es de varios millones de dólares.
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