Santiago.-(Eduardo Vial Ruiz-Tagle) LOS INCENDIOS forestales se presentan cada vez con más rigurosidad en todo el mundo. En Australia, el 2009, 173 personas murieron, pueblos enteros quedaron arrasados y medio millón de hectáreas fueron destruidas. El 2011, en EE.UU. se quemaron más de 2 millones de hectáreas. Todos estos eventos están asociados a la sequía y calor más severo y, en su gran mayoría, el origen se debe a la acción de las personas. La presencia de incendios forestales nos ha acompañado en nuestra historia. La colonización del territorio se desarrolló de la mano con el fuego. De ahí que desde hace ya décadas tenemos conciencia del daño y perjuicio del fuego descontrolado en los campos. Por ello, se registran las quemas agrícolas, se penaliza el uso del fuego y se gastan grandes recursos en tratar de evitarlos.
El sistema de protección contra incendios forestales de nuestro país tiene una alta eficiencia: 0,9% de incendios son mayores de 200 ha, 89% menores de 5 ha y 75% de los incendios se ataca en menos de 30 minutos. Es reconocido a nivel mundial como uno de los mejores, junto a EE.UU., Canadá, Australia y España.
En nuestro país ocurren, en promedio, 5 mil incendios durante el período estival. La superficie afectada promedio anual es de unas 50 mil ha, de las cuales un gran porcentaje corresponde a praderas y pastizales (en bosque nativo se quemó en promedio durante el último decenio 9.308 ha y en plantaciones forestales, 12.988 ha). Estos siniestros dejan un enorme daño ambiental y económico, con pérdidas directas que superan los US$ 50 millones por temporada. Sin embargo, el mayor impacto está en la pérdida de vidas humanas.
La responsabilidad de manejar el fuego en Chile radica en el Ministerio de Agricultura, a través de Conaf. En los últimos años, las empresas forestales han ido implementando sus propios sistemas de protección en colaboración y coordinación estrecha entre el sector público y el privado.
Todo esto conforma el sistema de control de incendios para condiciones normales de unos 50 siniestros diarios, con una dotación de 1.400 brigadistas, más profesionales, técnicos y vigías (total: 1.700 personas). No obstante, una cantidad muy menor de incendios escala a la categoría de alto riesgo, donde el Estado decreta un estado de emergencia, por medio de alertas amarillas o rojas. Se activa de inmediato la Onemi, permitiendo sumar nuevos recursos (los que sean necesarios), mediante el Ministerio del Interior. Además, entran a operar otras instancias, como las brigadas del Ejército y de la Armada (las cuales son capacitadas y equipadas por Conaf); helicópteros FACh, Bomberos, Carabineros e incluso recursos internacionales.
¿Por qué sucede, entonces, lo de Torres del Paine, Quillón y Carahue? Por la acción irresponsable de las personas, quienes en forma negligente o intencional dan origen al fuego, y por las condiciones climáticas favorables para la propagación del incendio (fuerte viento y verano muy seco), situación que se proyecta más permanentemente debido al cambio climático. Por tal motivo, el Presidente anunció más recursos y cambios legales, que se materializarán con la presentación en el Congreso de un proyecto de ley sobre esta materia.
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