LA MIRADA DE LA CALLE

Curacautín.- (Sergio Contreras Fernández)Las comunidades y las naciones para su desarrollo dependen del empuje visión y tesón de sus habitantes, por ello coartar y limitar sus potencialidades es algo que debe ser materia de exhaustivos y oportunos análisis, para desde sus inicios eliminar o al menos atenuar sus efectos. Ahora bien nuestro país desde un tiempo a esta parte esta siendo alterado e intranquilizado por sucesivas y reiteradas protestas callejeras de variada índole, que por la vía legal, no ha conseguido las correcciones requeridas En estas reiteradas situaciones que enfrenta hoy la sociedad, aparecen nítida y clara dos posiciones “ilógicamente” antagónicas, por una parte la civilidad o “mandante”, y por otro los “representantes” o mandados y desde luego, minorías, que sin ningún tipo de consulta a su empleador o mandante imponen sus juicios y criterios...
Para aclarar conceptos y una mejor visión de la problemática que se enfrenta diría, que política, es la forma de relación social que permite (o debería permitir) auto consensuar en las comunidades, acciones y normas de bien común por las cuales regirse. Es decir un mecanismo pacífico y correcto de relación humana, que podría decir, por siempre, los intereses económicos y político-partidistas que nos “representan“, transforman alteran y derivan desde una actividad noble y útil, a una en extremo peligrosa que ha terminado generando la enorme desigualdad social que hoy lamentamos.
Se podría decir que en la actualidad este país es gobernado por coaliciones políticas y económicas que privilegian sus intereses por sobre lo social y que ello es producto de una representatividad electoral que si bien es cierto “legaliza” a estas personas, está basada en la división, desarticulación e ignorancia cívica, en que, ex profeso se mantiene a la población, la que se ve obligada por leyes y reglamentos dictados e impuestas por estos grupos, a solo “votar (con posibilidades de éxito) por sus candidatos”, por lo que en estricto rigor, carecerían de la legitimidad de que se aduce. Esta ilógica y peligrosa situación posee factores agravantes que complican aun más la solución de esta problemática y está referida al uso de la información pública que se retiene y por omisión se emplea para mantener a la ciudadanía sin opción de opinar fundamentadamente respecto del empleo de su propio patrimonio, situación que además impide la correcta fiscalización y adecuada priorización de los recursos disponibles. La tecnología actual permite que la información pública sea puesta 100 % en Internet lo que impide actos de corrupción y controla el adecuado aprovechamiento de la caja Fiscal.
La percepción de tener a una ciudadanía desarticulada e indefensa en manos de minorías y sin un concepto claro de corrección, es en gran medida el motivo de estas líneas para con ello, crear conciencia que el Estado tiene una obligación ética y moral de instruir adecuadamente a sus ciudadanos electores considerando que en las mesas electorales se pone en juego el destino social administrativo y económico de la Nación.