Victoria.- (Manuel Burgos Lagos, Periodista) A raíz de la decisión del Poder Judicial, después de 38 años, de designar al ministro Mario Carroza para investigar y juzgar 726 casos de ejecutados políticos en el país, familiares de los victorienses fusilados el 27 de octubre de 1973, prestaron declaraciones ante la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), el jueves 17 de febrero pasado, en el cuartel de esta ciudad.
Los funcionarios policiales, viajaron especialmente desde Santiago para cumplir esta diligencia, interrogando por separado a la hija de Pedro Muñoz Apablaza, la periodista Cinthia Muñoz Agüero, como a un hermanastro de Eliseo Segundo Jara Ríos, gestión esperada largamente y que continuará en los próximos días, con otros parientes.
Ambos ciudadanos, según relato de la Comisión Rettig, fueron ajusticiados por una patrulla de Boinas Negras del Ejército, en el Fundo California, predio en esa época de esa rama de las Fuerzas Armadas .
Jara, de 38 años, a la sazón, Jefe de Área de INDAP, perteneciente al Partido Socialista, fue detenido el 16 de octubre de 1973 y llevado a la Cárcel local donde fue torturado.
Muñoz Muñoz Apablaza, egresado de enseñanza media fue sacado desde su domicilio en la Población Victoria 3, el día 27 de octubre de 1973, y ambos fusilados ese mismo día.
Todos estos antecedentes fueron dados a conocer por ambos familiares a los integrantes de la PDI, en especial, por la profesional de la prensa, quien entregó un completo archivo con abundantes detalles de lo ocurrido en esa época y que ha reunido rigurosamente para este momento que, confiesa, pensaba nunca iba a llegar.
En Santiago, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos celebró la medida dispuesta por la Corte Suprema, agregando que, suplía lo que en su momento no hicieron los integrantes del alto tribunal de 1973.
En manos de Carreño
Ocho causas por violación a los derechos humanos, no resueltas en la región de La Araucanía, deberá investigar el Ministro Especial de la Corte de Apelaciones de Temuco, Fernando Carreño Ortega, luego que la Corte Suprema le endosara esclarecer los hechos ocurridos durante los años 1973 y 1978, y que aún no han sido resueltos.
El integrante del máximo Tribunal de Justicia de Cautín y Malleco, dijo a medios locales que sobre este hecho que intenta hacer justicia sobre el tema, que “recibí de parte del Ministro Mario Carroza, alrededor de ocho causas, querellas recién presentadas y las remitió a la Corte de Apelaciones de Temuco, porque se trataba de hechos que habían ocurrido en esta jurisdicción. Estudiados los antecedentes, decidí aceptar la competencia y me voy a abocar a su conocimiento. Son causas que no habían sido investigadas, ni por éste ni por ningún otro tribunal”.
Lesa humanidad
El ministro Carreño precisó que se trata de hechos considerados de lesa humanidad ocurridos durante los cinco primeros años del gobierno castrense, todas, íntimamente relacionadas con represión ejercida por agentes del Estado, en contra de numerosas personas en La Araucanía.
“En general, se trata de hechos ocurridos, entre 1973 y 1978, en que, ciudadanos fueron sujetos a represión por parte de organismos del Estado”, informó el ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco.
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