Pucón.- Cómo no va a haber preocupación en los alcaldes de las 7 comunas donde aún funcionan los casinos bajo concesión municipal, si cuando ésta caduque en 2015 serán varios millones los que dejarían de percibir.Cuando el casino de Pucón se quemó en septiembre de 2007, el entonces alcalde Carlos Barra estimó en $200 millones las pérdidas durante los cuatro meses que dejó de funcionar.
A partir de 2015 este déficit podría acrecentarse. La nueva ley de casinos obliga a licitar el segundo centro de juegos de la región y así como puede mantenerse la infraestructura en Pucón, también existe la posibilidad de que se instale en cualquiera de las 31 comunas restantes.
"Declaración de Viña del Mar" es el nombre del documento con el que culminó la reunión que se realizó en Viña del Mar. Los ediles de cinco de las siete comunas afectadas se unieron para contrarrestar los perjuicios que ocasionará la Ley 19.995 sobre casinos de juegos.
La firma de Edita Mansilla acompañó la de los otros ediles al final del texto. "Para nosotros, el casino de juegos constituye un tremendo aporte para el desarrollo turístico en forma integral, porque pudimos ponernos casi a la par con el desarrollo privado en materia de infraestructura, recolección de basura, jardines, limpieza de playas", comentó la jefa comunal durante la conferencia de prensa que se realizó tras la reunión.
declaración
El documento que difundieron los ediles señala que "han llegado a la convicción que los artículos 2º y 3º transitorios de la Ley 19.995, que caducan las licencias otorgadas por ley a las municipalidades..., para operar y explotar casinos en esas ciudades, son inconstitucionales ya que atentan contra las normas y garantías establecidas en la Constitución Política de la República en diversos aspectos, entre los que destacan el hecho de constituir una expropiación de sus derechos legítimamente constituidos, sin indemnización o compensación alguna y aprobada sin cumplir las formalidades correspondientes".
El principal argumento es que esas disposiciones son inconstitucionales y provocan perjuicios irreparables a las ciudades antes referidas, al privárseles a contar de 2016 de importantes recursos destinados al desarrollo de sus ciudades y a la atención de sus comunidades, sin establecer ningún tipo de compensación.
Los alcaldes señalaron en la declaración que no aspiran a que se les otorguen privilegios especiales, sino a que se les permita continuar desarrollando sus comunas "como fue el espíritu de las leyes que crearon sus casinos, ya sea manteniendo las licencias de juego, sea recibiendo compensaciones por los perjuicios que esta nueva ley provoca".
Además plantearon que "en base a lo anterior, acuerdan agotar todas las instancias tanto de carácter administrativas, como legislativas e incluso jurisdiccionales, que la gravedad de la situación amerita". Finaliza el documento estableciendo que "para lograr este objetivo, comenzaremos en el seno de nuestros concejos municipales, de acuerdo a la agenda de trabajo conjunto".
Fernando Ramírez, abogado de la Municipalidad de Viña del Mar, indicó a la salida de la reunión (que se realizó en el casino de la ciudad jardín) que si bien cada alcalde revisará su situación, todos acordaron actuar en conjunto y que no descartaron presentar una reforma de la ley que los dejaría con menos recursos.
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