Documento acusatorio tiene más de 100 páginas, en las que se especifican los incumplimientos de la ministra sustentados en la ley de Bases, ley 18.956 del Ministerio de Educación, estatuto administrativo, ley de Probidad y DFL2. Gobierno desestima el recurso. “No tiene fundamento legal”, dice Vidal.
Cinco de los 10 diputados de la derecha que patrocinaron la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Yasna Provoste, anunciaron que este viernes por la tarde el documento original ingresará a la oficina de partes de la Cámara de Diputados en Valparaíso.
Los parlamentarios que respaldaron la iniciativa fueron los jefes de bancada de Renovación y la UDI, Mario Bertolino y José Antonio Kast, además de los RN Germán Becker, René Manuel García, Rosauro Martínez y Alfonso Vargas, así como también los gremialistas Enrique Estay, Iván Moreira, Juan Masferrer y Darío Paya.
En la Alianza, explicaron que serán Kast y Becker, ambos en su calidad de integrantes de la comisión de Educación, quienes encabezarán la embestida durante las sesiones de la instancia legislativa que deberá resolver la cuestión previa para que la acusación continúe su trámite.
Aún cuando el documento original no se dio a conocer en el conglomerado de derecha, explicaron que tiene más de 100 páginas, en las que se especifican los incumplimientos de la ministra sustentados en la ley de Bases, ley 18.956 del Ministerio de Educación, estatuto administrativo, ley de Probidad y DFL2.
El autor del esquema de la acusación, la que posteriormente los parlamentarios fueron rellenando, fue el abogado Cristián Valenzuela y quienes encabezaron el proceso de redacción, elaboración y marco jurídico fueron los directores ejecutivos del Instituto Libertad y la Fundación Jaime Guzmán, María Luisa Brahms y Miguel Flores.
Asimismo, el libelo acusatorio se sustenta no sólo en el informe de la Contraloría, sino que también en el capítulo especial de ética funcionaria y otros elementos aportados por los abogados del sector.
En una minuta entregada a la prensa, los parlamentarios de la Alianza sostienen que Yasna Provoste “no corrigió las graves infracciones e irregularidades cometidas por la Seremi de Educación metropolitana en materia de recursos públicos” y “no sancionó las infracciones graves a la ley de Subvenciones”.
La criticaron también por mantener en su cargo a Alejandro Traverso, en su calidad de “responsable de las infracciones e irregularidades graves”, así como por “ignorar auditorías que daban cuenta de gravísimas irregularidades cometidas en distintos programas y regiones del país”.
También la cuestionaron por “entregar informaciones falsas o intencionadamente incompletas a la opinión pública y a la Cámara de Diputados, infringiendo el principio de probidad administrativa”.
De la acusación se dará cuenta en la sala en la sesión del próximo martes 11 de marzo e inmediatamente se sortearán los cinco diputados que integrarán la comisión que revisará la llamada “cuestión previa”.
Gobierno reafirma defensa
Consultado al respecto, el ministro secretario general de Gobierno, Francisco Vidal, dijo que La Moneda “rechaza” la iniciativa, “ya que carece de todo fundamento jurídico”.
“Esto rompe un clima de entendimiento político que los chilenos demandan. Aquí, el desalojo ha ganado, ha ganado en la derecha, en los que lo sostienen, pero el desalojo y la confrontación no están instalados en el alma ni en la conciencia de la abrumadora mayoría de los chilenos, que no quieren más pelea, sino que entendimiento y que el Gobierno y la oposición se pongan de acuerdo para que el país avance”, agregó.
Si bien calificó la idea de “lamentable”, recordó que los legisladores están haciendo uso de un derecho constitucional, “delicado, por lo que uno esperaría la mayor responsabilidad en su uso”.
“El Gobierno va a defender por convicción, por respeto a las instituciones, a la tradición y por la democracia -que hemos reconstruido entre todos desde hace 18 años- a la ministra Provoste, convencido de que esta acusación es injusta e infundada”, advirtió.
Finalmente, dijo espera un “debate argumentado”, porque condenar de antemano a la funcionaria basándose en la composición del Congreso sería “jugar con las instituciones”.
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