Victoria.- El Estado destina anualmente, US$300 millones para la Ley SEP. La Contraloría General de la República detectó mal uso de estos recursos en por lo menos 77 municipios.
El diputado DC Claudio Arriagada, presidente de la comisión investigadora por el mal uso de recursos de la Ley SEP –subvenciones escolares preferenciales- informó que esta instancia aprobó el informe de conclusiones, apuntando, en lo medular, a la necesidad de mejorar la fiscalización.
Las conclusiones apuntan a las debilidades de la institucionalidad vigente y a la necesidad de fortalecer y mejorar la fiscalización, lo que esperan se concrete con el nuevo marco legal que se está construyendo en la educación en nuestro país.
De hecho, el año pasado fue el entonces Contralor Ramiro Mendoza, quien en esta comisión dio cuenta de auditorías realizadas a municipalidades y corporaciones municipales, las cuales indican que un 60,45% de los recursos fueron gastados en fines distintos a los autorizados por la ley. Además, observó importantes saldos de recursos no invertidos, conforme la cuadratura de ingresos percibidos, y confirmó que hay denuncias ante el Ministerio Público por un total de $2.975 millones, por posible malversación de fondos públicos.
Los legisladores precisaron, en lo que respecta al punto dos de las debilidades institucionales, la necesidad de incluir a todos los colegios que no han subsanado sus problemas con la Contraloría, a modo de evidenciar la situación actual. En esta misma línea, los diputados cuestionaron las funciones de la Plataforma de Recursos ATE, ya que como han dejado escrito en el documento, hicieron hincapié en que el estamento debería limitarse a realizar el trabajo encomendado por el Ministerio de Educación, y tal como lo señaló el Presidente de la Comisión, Claudio Arriagada, “la ciudadanía debe estar enterada del trabajo en concreto que realiza la ATE”.
Respecto a lo indicado en el punto tres de las conclusiones, el cual habla sobre el uso de los dineros SEP, la Comisión determinó que es necesario aclarar y dejar detallado para qué son usados los recursos, debido el financiamiento de la educación tiene que ver con un modelo establecido, por lo que el problema radicaría en los cambios que tendría que tener el sistema en general.
En materia de institucionalidad, los diputados estipularon que los establecimientos cumplan la ley existente, debido a que lo que se encuentra señalado ahí no está siendo ejecutado en la actualidad. Asimismo, concordaron en que se logre acordar la conformación de una nueva Comisión investigadora que supervise el gasto realizado por todos los establecimientos subvencionados con fondos SEP.
La comisión investigadora se creó tras una petición ingresada por los diputados DC Yasna Provoste y Lautaro Carmona, del PC, sumando las firmas de 60 diputados, siendo mandatada para investigar el uso de los recursos que otorga la ley N° 20.248, sobre Subvención Escolar Preferencial (SEP), para que investigue, a partir del Informe Consolidado sobre Subvención Escolar Preferencial de la Contraloría General de la República N° 9/2012, del 8 de mayo de 2012, el seguimiento de las irregularidades arrojadas por dicha auditoría; la fiscalización que el Ministerio de Educación debió ejecutar en esta materia y las querellas que debieron ser presentadas por el Consejo de Defensa del Estado.
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