Victoria.- (Richard Burdiles M.Periodista. Licenciado en Comunicación Social) La última decisión adoptada por las autoridades argentinas del Ministerio del Interior y Transportes, en torno a que los vehículos que realicen transporte internacional de cargas peligrosas no podrán circular por la ruta nacional 231, desde su intersección con la Ruta Nacional Nº 40 (ambas trasandinas), hasta el paso internacional Cardenal Antonio Samoré, cerca de Osorno. Medida que busca proteger a los habitantes de Villa La Angostura y a quienes residen en su alrededores, así como a lo que concierne al argentino parque Nahuelhuapi.
Para ello el gobierno de la provincia de Río Negro informó que tal decisión fue adoptada por la Subsecretaría de Transporte Automotor, mediante la disposición Nº 1403 con fecha 20 de diciembre de 2013 y lleva la firma del titular de la cartera, Edgardo Colombini. Válida o no –para nosotros en Chile- tal decisión no dejar de ser preocupante. Más aún para los propios habitantes de la provincia de Malleco y en particular para los victorienses, quienes por años han esperado ver cumplida la promesa de muchos personeros políticos de todo orden y tienda, quienes sobretodo en períodos de campaña y captación de votos han incluido en sus programas la construcción y habilitación de un By Pass que circundara lo medular de la comuna de Victoria. Infraestructura que evitaría de tal modo el tránsito de camiones de amplio tonelaje con estanques con gas, químicos y un cuánto hay de sustancias de alta peligrosidad que evidentemente podrían provocar una emergencia con consecuencias insospechadas.
Sin ir muy lejos, varios episodios han sido protagonizados y registrados en la ruta internacional que une el paso Pino Hachado con Victoria, en los cuales se ha certificado la participación de camiones con la totalidad de su carrocería y peligrosa carga, volcados a la vera del camino, provocando cortes de tránsito y atochamientos. Según expertos en la materia, si uno de estos móviles -en el caso de estar cargados con gas- sufriese un accidente en que se viese involucrado su contenido al grado de inflamarse, el radio o espectro a considerar por su onda expansiva superaría los ochocientos metros de destructivo efecto, incinerando todo a su paso. En caso alguno se pretende alarmar a la población, pero sí mantenerla al tanto y a su vez, que ésta se pronuncie en favor de demandar lo ofrecido y que concierne a la pronta aprobación del proyecto del By Pass de Victoria.
Lo que está claro es que los habitantes de este cordón vial de Malleco y futuro corredor bioceánico, no están amparados en lo que la propia Constitución Política del Estado de Chile, la cual les asegura vivir en un lugar libre de contaminación y los peligros asociados a esta. Derecho que esta vez los argentinos sí han rescatado y aplicado para querer adoptar la medida de desviar todo el tránsito de cargas peligrosas por Pino Hachado, invocando para ello lo que asegura su propia carta fundamental en su artículo 41, “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.
Entonces, naturalmente cabe preguntarse, ¿Por qué no emular tal dictamen?. Nadie puede oponerse al libre tránsito de mercancías entre ambas naciones, las cuales mantienen vigente tratados de libre comercio, pero sí se debe resguardar la vida y seguridad de sus habitantes que circundan aquellas vías en que estas son trasladadas y más aún si poseen el carácter de peligrosas. Se insiste en que el llamado es a nuestras autoridades a que logren el equilibrio bilateral en este tipo de escenarios y por lo pronto reposicionar con urgencia el proyecto de vía alternativa o By Pass para Victoria, con el fin de evitar el total tránsito de estas sustancias por en medio de la ciudad, tal como ocurre hasta ahora.
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