Araucanía.- Declaración publica Alberto Espina.
Transcurrido un año del cobarde asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay, y luego de este hecho criminal, los actos de violencia en la Región de La Araucanía no han cesado. En concreto lo que ha ocurrido es que el Estado de Chile no ha sido capaz de garantizar la seguridad en la región, con independencia de quien detente el Gobierno.
Y esto tiene múltiples responsabilidades. Desde luego, y la más relevante, es la falta de resultados en la gran mayoría de los casos por parte de las investigaciones que han llevado adelante las policías, los fiscales y, simultáneamente, los jueces también tienen una gran responsabilidad por los numerosos casos en que han dejado libre a personas respecto de los cuales se habían acompañado antecedentes y pruebas que justificaban y probaban su participación en los delitos, debiendo ser condenados.
Más allá de todos los esfuerzos que ha hecho el Gobierno, en términos de aumentar el personal policial, dotar de los medios materiales necesarios para que las policías y los fiscales puedan tener éxito en sus investigaciones, el dato concreto es que gran parte de los casos han terminado sin responsables en la comisión de estos delitos.
Desde el punto de vista legislativo hay cuatro proyectos que tienen gran importancia para fortalecer la labor de policías, fiscales y jueces.
Dichos proyectos de ley actualmente se encuentran en tramitación en el Senado, y por lo tanto el Gobierno puede y debe darles suma urgencia, priorizándolos frente a otras iniciativas legales.
Estas iniciativas legales son:
1.- Proyecto de ley denominado “Reforma de la Reforma” que tiene por objeto fortalecer las facultades de las policías y los fiscales para que cuenten con más instrumentos y herramientas que les permitan realizar buenas investigaciones, descubrir a los autores de estos delitos y contar con pruebas suficientes para condenarlos.
2.- Proyecto de Control Preventivo de Identidad, otorga facultades a las policías para que en lugares donde exista ocurrencia permanente de hechos delictuales y de delitos violentos puedan proceder al control preventivo de identidad de las personas que circulan por esos sectores aun cuando no hubiera indicios de que hubiese participado en un delito específico.
3.- Aquel que modifica el Código Procesal Penal para evitar la dilación injustificada de las audiencias en el juicio penal.
4.- Y el cuarto proyecto de ley, es uno que sustituye el tipo penal del delito de extorsión.
Esta propuesta busca modernizar en nuestra legislación la figura de la extorsión, sancionando a quienes amenacen, solicitando a cambio cualquier tipo disposición patrimonial, sea dinero, especies, productos, entre otros, que implique una pérdida o disminución en el patrimonio de la persona afectada por el temor o la violencia ejercida.
Esto ha afectado directamente a los agricultores de la Araucanía, quienes han sido objeto de requerimientos y amenazas, que han limitado el transporte y la comercialización de sus productos, paralizando en muchos casos sus labores.
No se saca nada con hacer declaraciones públicas condenando la violencia, pero simultáneamente oponerse a entregar las herramientas y los instrumentos a las policías y a los fiscales para que puedan investigar estos hechos y tener éxito, atrapando a los delincuentes y condenarlos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario