
Durante la audiencia de formalización desarrollada en el Tribunal de Garantía de Pucón, el Ministerio Público solicitó para los imputados la aplicación de medidas cautelares de arraigo nacional y la prohibición de acercarse a las víctimas, petición que fue acogida por la justicia.
Estas medidas establecidas se extenderán durante 60 días, mientras dure la investigación que lleva adelante la fiscalía local.
La audiencia de acuerdo reparatorio quedó fijada para la primera semana de agosto.
El fiscal jefe, Jorge Calderara, dijo “de rechazar o fracasar cualquier tipo de negociación en esa audiencia, vamos a intentar llevar la causa a juicio, para obtener las sanciones que correspondan, que es posible presentarlas en base a la investigación que hemos desarrollado”.
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