La Región y su futuro en la agricultura

aAraucanía.- Nuestra región, a diferencia de otras, encuentra en la tierra gran parte de su potencial económico y el desarrollo de quienes la habitamos, de ahí que preocuparse del destino de nuestros suelos y la realidad de la agricultura debe ser una prioridad para quienes aspiramos a un cupo en el parlamento en su representación.
Para nadie es un misterio que -por diversas razones- nuestra principal actividad productiva se encuentra pasando un momento extremadamente difícil. Ante ello, han aparecido un conjunto de voces -que habitualmente defienden a brazo partido el libre mercado- exigiendo una directa intervención estatal para enfrentar esta situación.
Personalmente, no tengo complejos en aspirar a un rol más activo del Estado para evitar o corregir distorsiones del mercado que perjudiquen áreas sensibles de nuestra economía o sectores más vulnerables como los consumidores o las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, considero que abordar el tema únicamente sobre la restricción de la oferta y el límite de la competencia -como lo sostienen algunos- me parece un error que a la larga afectará nuestra competitividad como región.
Por lo tanto, considero que junto a la restricción excepcional de la oferta en épocas sensibles para la actividad agrícola como el periodo de cosechas o áreas más vulnerables a distorsiones como el sector lechero, debemos abordar una batería de medidas que fomenten nuestra competitividad y optimicen el uso de nuestros recursos agua y suelos.
En este sentido, propongo abordar algunos desafíos que me parecen urgentes: Contar con una ley de suelos que permita optimizar su uso e incentive la diversificación de las actividades productivas; impulsar la construcción de embalses que permitan aprovechar nuestros recursos hídricos para el desarrollo de proyectos de riego; crear incentivos tributarios para la investigación, innovación tecnológica e inversión para el desarrollo de la agroindustria regional; corregir las distorsiones del mercado de insumos para la actividad agrícola y ganadera evitando la colusión de precios; e impulsar una gran reforma de las instituciones públicas del sector agrícola, que entre otras aspectos considere la creación de una empresa nacional de fomento agrícola y ganadero, que focalice instrumentos de fomento, otorgue créditos blandos, preste asistencia técnica, financie investigación, incentive procesos de certificación de calidad y, fundamentalmente, actúe como agencia comercial y desarrolle poderes de compra estatales para los productos agrícolas y ganaderos de los pequeños campesinos y agricultores, tal como lo hace la ENAMI con la pequeña y mediana minería en el norte de nuestro Chile.