Los profesor@s y la injusta bandera de las sospechas

Victoria.- (Andrés Bravo, Periodista) Recuerdo cuando era adolescente, cuando comenzaba a familiarizarme con el concepto de “ser profesional”, sentía un profundo respeto por quien alcanzaba lo que yo sentía un nivel de conocimiento que lo conducía a desarrollar una labor casi con maestría. Incluso es más, en no pocas oportunidades escuché comentarios del tono, ‘los profesionales chilenos son destacados y son observados con respeto en otros países de Latinoamérica’. Y efectivamente, profesionales en arquitectura, ingeniería, obras civiles, medicina, educación, entre otros, tenían un peso específico que solventaban la conducción intelectual del país. Ahora me pregunto, qué pasó?. Tal como muchos de ustedes, crecí con la fábula de la educación gratuita de la mitad del siglo XX, cuando el país contaba con unas cuantas universidades públicas. Luego, a partir de los ’90 se desplegó el desmesurado campo del negocio educativo, que si bien por una parte permitió una posibilidad de acceso a la educación superior como nunca antes se había generado en la historia de nuestro país, su despliegue fue similar al posicionamiento de los centros comerciales y todo el mundo del retail, fue igual igual, creo no exagerar. La proliferación de profesionales en diversas áreas, fue una constante hasta convertirse en problema, y muchos de ellos formados en institutos y universidades de sospechosa calidad. El proceso de acreditación impulsado a partir de la primera mitad del año 2000 vino a resolver en parte aquello, pero otra parte, una gran parte, se quedó sin resolver, y muchas historias conocemos de gente que estudio una profesión que jamás pudo ejercer, al chocar de frente con una incapacidad formativa, lo que en cierto modo siento, también dejó en jaque el capital intelectual de nuestro país. Sostengo que si el Estado a través del gobierno, sistemáticamente ha estado impulsando un proceso de fiscalización profesional, específicamente a los docentes de nuestro país, un proceso similar debiese aplicarse en todas las áreas, de otro modo acá hay algo que no me cierra. Recordemos que acá se han diseñado puentes al revés y otros que se caen a los pocos años de su construcción (recuerda el Puente Loncomilla?). Entonces, luego de un largo periodo de desregulación de la formación profesional, los primeros profesionales parados en la línea de la sospecha son los profesores, quienes en principio no se oponen a un proceso de legitimación profesional, sin embargo bajos las actuales características, pareciera que el Estado busca subsanar su error, mediante políticas de competitividad que se traducen en un nuevo elemento de agobio para los docentes. Mi nueva pregunta es, ¿Qué pasa con las otras profesiones que también desempeñan una labor sensible y relevante en diversos ámbitos del desarrollo social?, o más aún, ¿Hasta cuándo el Estado solventa el financiamiento del mercado educativo en base a becas, propiciando el alimento financiero a las instituciones privadas que durante años no hicieron más que optimizar todas las alternativas del lucro?. Mientras tanto, los docentes deben cargar con todas las respuestas, y en su marcha van echando abajo las sospechas.