miércoles, 29 de mayo de 2013

Con intervenciones de dirigentes mapuche se inició la audiencia del juicio contra Chile en Costa Rica

Costa Rica.- Con intervenciones de dos dirigentes mapuche se inició esta tarde la audiencia de pública del denominado caso Caso Norín Catrimán Vs. Chile que se realiza en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. El juicio busca decidir sobre las denuncias interpuestas por comuneros mapuche en contra del Estado de Chile, acusando violaciones a los derechos indígenas en procesos catalogados bajo el rótulo de la Ley Antiterrorista. El primero de los dirigentes mapuche en declarar, fue Victor Ancalao, el primer comunero condenado por la Ley Antiterrorista el año 2001. "El Estado debe reconocer que se ha cometido un error contra la demanda social del Pueblo Mapuche. Debe pedir disculpas públicas al Pueblo Mapuche", afirma el dirigente Victor Ancalaf. "El pueblo mapuche es un pueblo respetuoso, llenos de paz, no es terrorista, no tenemos nada que ver con los terroristas" Víctor Ancalaf. "Los gobiernos saben que los mapuche siempre hemos dialogado con la autoridad. Y no hemos sido escuchados", agregó. El segundo turno fue para el hijo del lonco Pascual Pichún, Juan Pichún, quien señaló a la corte el proceso que vivió junto a su padre. "Mi padre, el lonko Pascual Pichún, nunca entendió por qué se lo acusó de ser un terrorista. Murió sin saberlo", señaló su hijo. "Las condolencia del ministro Joaquín Lavín tuvieron un gran significado. Fue un reconocimiento para mi padre que no fue un terrorista. Los medios y el Estado acusaron a mi padre de terrorista. Fue su dolor. Mi padre se fue con eso", agregó el dirigente. "Fueron tantos allanamientos en la semana que mi madre optó por dejar las puertas abiertas de la casa. Perdí la cuenta de los operativos en mi comunidad. Buscaban armas que nunca encontraron", relata Juan Pichun. La audiencia continúó con la declaración de dos testigos, uno propuesto por un interviniente común y otro por el Estado, y el dictamen pericial de tres peritos, uno propuesto por los intervinientes comunes y la Comisión Interamericana, uno propuesto por un interviniente común y el tercero por el Estado de Chile. La denuncia fue interpuesta el 12 de agosto de 2011 donde las comunidades acusaron "despliegue de la represión estatal, la violencia y el encarcelamiento en contra de líderes mapuche" con "daños humanos y sociales con traumáticos efectos sobre familias, comunidades, ancianos, adultos, jóvenes y niños

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