Concepción.- (Álvaro Guerrero, Concepción) Por el delito de estafa y fraude al Fisco serán perseguidas las personas que resulten responsables por entregar información falsa en la Ficha de Protección Social.
Así quedó demostrado, la mañana de ayer en el Ministerio Público de Concepción, cuando el jefe de la cartera de Mideplan, Joaquín Lavín presentó una denuncia ante la fiscalía por tres casos manifiestos de irregularidades ocurridos en el Biobío.
"Nos preocupa que se estén detectando casos, donde hay personas que están mintiendo, manipulando y aprovechándose de la situación aparentando una situación de pobreza", indicó el secretario de Estado.
En Negrete, la ex administradora municipal, Claudia Díaz, habría incurrido en entregar información falsa acerca de su remuneración y escolaridad, para optar a beneficios estatales. "Llenó una ficha en la que habla de un sueldo de menos de la mitad de lo que realmente recibe. Habla de una situación de estudios, donde para llegar al cargo se necesita un título. Se está falseando con el objetivo de obtener beneficios sociales y obtener subsidios de reconstrucción", expresó Lavín.
El alcalde de la comuna afectada, Edwin von Jenstchyk, indicó que la funcionaria fue destituida de su puesto, el 6 de abril pasado, luego de una investigación solicitada al interior del organismo. "Ella trabajó durante una década. Recibí un informe de Dideco, donde aparece que existe adulteración de la información donde ella accede a un subsidio cero costo, producto del terremoto. Apenas me enteré decidí removerla del cargo, sobre todo que era un cargo de confianza", dijo.
La ex administradora, cuyo sueldo era de $ 1.500.000 edificó una vivienda en el sector rural de Rihue, por un monto cercano a los $ 10.000.000.
Otra situación anómala ocurrió en Cañete, donde una empresaria de la zona indicó un ingreso mínimo y una discapacidad que no existe. "Tiene un puntaje alrededor de 2.500 puntos que la sitúa en un nivel de indigencia", aseveró Lavín, agregando que ellos serán muy estrictos en el cruce de los datos. "En el caso de Cañete, hemos enviado fiscalizadores para chequear el resto de las fichas para asegurarnos que se trata de un caso puntual".
En tanto, en Chiguayante, Lavín dijo que "la municipalidad realizó una denuncia, de la que nos hacemos parte (…). Hemos visto al menos 29 casos, donde hay personas discapacitadas que no lo son, incluso personas que son inexistentes, que no viven en ese domicilio". En todos los casos, aseveró que lo lógico sería que los responsables repararan a la municipalidad y devolvieran los recursos para dárselos a los que realmente son más pobres.
Cabe señalar, que el Mideplan denunció que existen 4.000 personas en el país que incurrieron en entregar datos falsos para lograr algún tipo de beneficio social. Se espera que en octubre comience una metodología mucho más estricta en la recopilación de datos.
Existen 540 casos sólo en el Biobío
En su visita a Concepción, Joaquín Lavín, expresó que de las 4.000 Fichas de Protección Social con datos falseados, 540 corresponden a la Región del Biobío. Para lograr establecer responsabilidades, indicó que pondrá los antecedentes a disposición de los juzgados de policía local de las comunas afectadas.
Lavín indicó que los cambios para mejorar la toma de la información a las familias que requieren beneficios, debe hacerse de manera urgente. "Es evidente que tiene que existir un cambio en la ficha, de tal forma que la información que se entregue sea comprobable y que el Estado, a través de los mecanismos que tiene, pueda cruzar la información para ver si corresponde", sostiene. Añadió que el futuro ministerio de Desarrollo Social tendrá la facultad de ingresar a la base de datos del Servicio de Impuestos Internos, lo que ayudará a comprobar la información de ingresos del postulante. Además, tendrán acceso a los archivos del Ministerio de Educación para comprobar la escolaridad.
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