Lonquimay.- Mañana se realiza el lanzamiento del Programa de Regularización de la pequeña propiedad raíz en la comuna de Lonquimay, un proyecto piloto que se financiará con Fondos de Desarrollo Regional y que dará cobertura en un plazo de dos años a más de 400 beneficiarios que podrán obtener su tan anhelado título de propiedad. El lanzamiento contará con la presencia del Subsecretario de Bienes Nacionales, Juan Carlos Bulnes, quien junto al Alcalde Guillermo Vásquez encabezarán la ceremonia en el gimnasio municipal de la cordillerana comuna. Vásquez destacó que este programa ha sido una de las prioridades de nuestra gestión, ya que de la propiedad de la tierra depende poder alcanzar numerosos beneficios que brinda el Estado y es uno de los grandes nudos estructurales que limitan el desarrollo, fundamentalmente de las familias de los sectores rurales”.
“Disponer de la propiedad de la tierra se constituye en un instrumento clave para la meta comunal de superación de la pobreza” enfatizó el Alcalde Guillermo Vásquez, quien en el año 2008 encabezó la delegación de autoridades y dirigentes propusieron ante el Ministerio de Bienes Nacionales la solución a través del traspaso de fondos del FNDR para que en un proyecto piloto inicie el saneamiento acelerado de propiedades sin regularizar en Lonquimay.
Debemos recordar que existe aproximadamente 412 sitios o propiedades que se encuentran en casi una treintena de localidades de la comuna de Lonquimay, mayoritariamente rurales, los cuales presentan una compleja situación jurídica, puesto que no existe correspondencia entre la titularidad de la propiedad ocupada y la posesión material de dichos inmuebles así como los deslindes del inmueble habitado.
No contar con la propiedad de la tierra es un problema que afecta a un tercio de la población de la comunal de Lonquimay y que ello impide a los propietarios y sus familias acceder a los programas del Estado en fomento productivo y programas sociales como viviendas y otros. Este proyecto, por un monto de 225 millones de pesos, deberá resolver más de 400 casos de propiedad irregular en un plazo de aproximadamente dos años. Plazo que, bajo las condiciones administrativas normales, hubieran demorado en resolverse más de 20 años.
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