Araucanía.-Tienen que entender que su identidad se tiene que dar en un mundo cambiante y moderno", aseveró el ministro de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, encargado presidencial para asuntos indígenas. "La solución es la convivencia de mapuches con empresarios", insistió en diálogo con la prensa extranjera.
El gobierno chileno recomendó a los indígenas mapuches -que reivindican tierras en el sur del país- adaptarse al mundo moderno y, aunque les garantiza la preservación de sus costumbres, descartó entregarles la autonomía que ellos reclaman, la que calificó como "una utopía".
Viera Gallo calificó como una utopía la posibilidad de entregar un territorio autónomo a los mapuches. "Sobre las tierras ancestrales, podemos dar el derecho de uso pero no de dominio", aclaró, agregando que esto podría plasmarse en una co-administración o derecho de uso compartido de las tierras.
"Una autonomía como la vasca o la catalana no es posible (...) Es una utopía, eso no puede ocurrir nunca. La solución es que vivan mapuches y no mapuches. Es un aprendizaje lento", sostuvo.
El ministro consideró que la única autonomía que puede entenderse es la capacidad de las comunidades de seguir con sus costumbres y tradiciones.
La etnia mapuche, la más importante de Chile, con una representación de un 6% dentro de los 16 millones de habitantes del país, reclama la devolución de las tierras que pertenecieron a sus ancestros, principalmente en la región de La Araucanía (650 km al sur de Santiago), terrenos ricos para uso forestal y agrícola, hoy en manos privadas.
Viera Gallo recordó que, para seguir avanzando en los acuerdos con los mapuches, está en marcha la instalación de un ministerio de Asuntos Indígenas y un Consejo de Pueblos Indígenas, que integrarán 43 consejeros elegidos por los distintos pueblos.
Como parte de su lucha, algunas comunidades más radicales han recurrido a ocupaciones ilegales de fundos y se han enfrentado con la policía, en acciones que se han intensificado en los últimos meses.
Hay al menos 50 mapuches presos, y una decena de ellos fue procesado por la ley antiterrorista que data de la dictadura de Augusto Pinochet y que triplica las penas por delitos comunes, pese a que las Naciones Unidas ha conminado al gobierno chileno a no invocarla.
Al respecto, Pamela Figueroa, funcionaria del Ministerio de Interior -encargado de la seguridad nacional-, precisó que la aplicación de esta ley "no se aplica sobre personas ni grupos étnicos sino sobre acciones".
Durante 2009 el Estado chileno se ha hecho parte en procesos judiciales contra mapuches en tres oportunidades, por atentados contra un fiscal y ataques incendiarios sobre fundos y camiones madereros, pese que al inicio de su mandato la presidenta Michelle Bachelet se comprometió a no utilizarla.
Los mapuches aseguran que la Policía los reprime al momento de entrar en sus comunidades en busca de indígenas supuestamente vinculados con hechos violentos, lo que ha quebrado la confianza ganada en los diálogos entre el gobierno y las comunidades.
"Es difícil armonizar las acciones de seguridad de la fiscalía y carabineros con la construcción de acuerdos con las comunidades", admitió Ricardo Brodsky, jefe de Relaciones Interministeriales del Ministerio de la Presidencia.
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