Cuando un comerciante, transportista, agricultor, profesional o pequeño empresario comete una infracción tributaria o no cumple con las exigencias de la ley laboral, o se atrasa en el pago de sus contribuciones u obligaciones previsionales, se le aplica sin contemplaciones una dura sanción.
Cuando a un empleado o a un trabajador no le cuadra la caja chica lo más seguro es que quede cesante.
Sin embargo, cuando se trata de un Ministro de Estado, un Subsecretario, un Intendente, un Gobernador, un Seremi o el jefe de un Servicio Público que comete una irregularidad, siempre se esgrime una excusa para justificarlo y, en el peor de los casos, se le pide la renuncia, pero es rápidamente recompensado trasladándolo a otro cargo de igual o superior jerarquía.
Así ocurrió con las graves irregularidades del Transantiago, la escandalosa defraudación del Tren al Sur, los graves errores en la puesta en marcha de los Tribunales de Familia, la Ley de Responsabilidad Penal de los Adolescentes, la falta de acreditación, y pésima gestión de muchos Hospitales Públicos, cuya máxima expresión es el tongo del Hospital de Curepto.
Así, durante los últimos años se ha ido estableciendo la cultura de la irresponsabilidad de las autoridades públicas, quienes terminan transformándose en personajes intocables y, cada vez que se les sorprende en infracciones a sus obligaciones, son protegidos incondicionalmente por las demás autoridades de Gobierno y, especialmente, por los dirigentes del partido político al que pertenecen.
Esta práctica hace un daño enorme al país, porque al final de cuentas nadie asume su responsabilidad política ni jurídica por su grave ineficiencia al no cuidar los dineros que administra el Gobierno y que pertenecen a todos los chilenos.
Ese es el verdadero trasfondo de la crisis que enfrenta el actual Gobierno: el doble estándar entre las obligaciones de una autoridad y las de un ciudadano común.
En una democracia sana y transparente, no hay intocables
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