Reconocimiento, respeto y consulta previa entre los aspectos más sensibles:
En desayuno sostenido con la prensa nacional los co-directores del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, abogados José Aylwin y Nancy Yáñez, hicieron un completo análisis a la situación actual de los pueblos indígenas y a algunos de los principales conflictos que hoy afectan a sus comunidades.
En la ocasión estuvieron presentes representantes de la Comunidad Diaguita de los Huascoaltinos, en cuyo territorio ancestral usurpado se asienta el controvertido proyecto Pascua Lama, y de las comunidades mapuche lafkenches de Missisipi, donde hoy se suceden hechos de violencia y robos que ponen en riesgo la integridad personal de sus habitantes, pese a la protección policial otorgada por la Corte de Apelaciones de Valdivia tras el recurso de amparo preventivo presentado el pasado 7 de abril. Anuncian nuevas acciones judiciales.
Paulina Acevedo, 26 de abril de 2008
Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas
Una completa revisión a la política gubernamental e institucionalidad planteada por la administración de la presidenta Bachelet para abordar las demandas de los pueblos indígenas al interior del territorio nacional, así como al cumplimiento de las recomendaciones que en la materia han formulado organismos internacionales de los que Chile forma parte, y a algunos de los principales conflictos que se originan por la ausencia de reconocimiento a sus derechos individuales y colectivos, se dio ayer a conocer en el marco de un desayuno con la prensa nacional en que estuvieron presentes representantes de las comunidades afectadas.
La ausencia de un reconocimiento constitucional consensuado con las comunidades indígenas en el marco de un proceso participativo amplio de consulta, como establece el Convenio 169 de la OIT recientemente evacuado por el congreso nacional en los casos de situaciones que les afectan en forma directa; y el menoscabado respeto a los derechos que les son reconocidos a nivel internacional, "respeto que pasa por reconocer y aceptar que estos diversos pueblos tienen derecho a definir sus propias formas de desarrollo, y a que ello no sea tomado o impuesto por otros", se encuentran entre los puntos más sensibles denunciados por el organismo no gubernamental que desde 2004 trabaja por la promoción, investigación y defensa jurídica de los derechos de los pueblos indígenas en Chile.
La falta de resguardo sobre sus territorios y recursos naturales, hoy amenazados por diversos proyectos de inversión extractivos y de explotación de carácter mineros, forestales e hidroeléctricos, entre otros, que proliferan a manos de empresas nacionales y transnacionales, es otra de las preocupaciones del organismo, "lo que ha llevado a que sus dirigentes, así como los miembros de las comunidades afectadas, sean perseguidos políticamente y criminalizadas sus legítimas demandas", aseguraron.
Lo que se observa en la práctica, "es que frente a estos conflictos, que atentan contra la subsistencia ya no solo de poblaciones indígenas, sino de sectores cada vez más amplios de la población, es que el estado ha privilegiado su protección al desarrollo de estas empresas por sobre el bien común y desarrollo humano, flexibilizando y en ocasiones incluso vulnerando lo que la ley prescribe", aclaró Nancy Yáñez. El argumento central tras esta postura del gobierno sería el progreso económico del país, sin embargo, de acuerdo a la abogada "es este modelo económico imperante el que genera las graves situaciones de conflicto que permanentemente son denunciadas, modelo que además de no resolver las necesidades de desarrollo de estas bastas poblaciones, no se traduce a la larga en beneficios para el país, como ocurre en el caso de las mineras que ni siquiera hacen pago de impuesto, ni tampoco en mayor empleo. Por ende, el aporte real de estos proyectos al PIB es casi insignificante, y su beneficio para la población no guarda relación alguna con los severos impactos ambientales, sociales y culturales que estos conllevan", concluyó.
Por lo mismo reiteraron el llamado al gobierno para que ratifique el Convenio 169 de la OIT sin ningún tipo de reserva, como la pretendida mediante una declaración interpretativa a su aplicación solo a los tratados ratificados y vigencia en Chile. En este sentido, se refirieron también a la consulta realizada al Tribunal Constitucional sobre el carácter vinculante de los tratados evacuados y aún no ratificados en Chile, que de acuerdo a lo sostenido por la OIT son desde el momento de la adopción obligatorios para el estado, algo que contradice dicho tribunal. Al respecto, y frente a otras resoluciones del organismo, como es el fallo en el caso de la distribución de la píldora del día después en los servicios de salud públicos, Aylwin sostuvo que "esta suerte de tuición de la moral y visión restrictiva de los derechos humanos, es necesario que planteemos la revisión de instancias como estas, que ejercen restricciones a los estándares mínimos a ser implementados al interior de los estados".
En cuanto a la políticas de tierras, José Aylwin aclaró que "la mayoría tierras que han sido transferidas a los pueblos indígenas corresponden a tierras fiscales, por lo tanto lo que el estado está haciendo es lo que siempre debió haber hecho, y no esfuerzos adicionales para acelerar la titulación de las tierras antiguas a nombre de sus legítimos propietarios", como le fue recomendado en marzo de 2007 por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, quien dio plazo de un año al estado chileno para informar acerca de los avances en estas materias, lo que hasta ahora no ha hecho.
Por el contrario, esta defectuosa política de tierras implementada por CONADI, cuya crisis fue reconocida por el propio gobierno, "ha provocado el trasladado de comunidades mapuche de sus territorios ancestrales a los pertenecientes a otros comunidades, generando conflictos intercomunitarios e intrapueblos que son tremendamente complejos", agregó. Mientras que las tierras en manos de particulares son adquiridas a precios de hasta cinco veces su valor real, por tanto lo que el estado está comprando aquí no es tierra, sino los costos de un conflicto mal abordado", finalizó.
La evaluación del desempeño de otra de las institucionalidades creadas para dar respuesta a las necesidades indígenas, el Programa Orígenes, tampoco es positiva, tanto así que en un momento se pensó en no implementar una segunda etapa y es "más bien visto por sus beneficiarios como un programa de coaptación de voluntades y no de política pública de desarrollo hacia sus comunidades". En este sentido, se dio cuenta que de acuerdo a un ranking del Banco Interamericano del Desarrollo, que considera a un total 21 naciones, el país se encuentra en el lugar número 20, dando cuenta de la escasez de avances pese a las políticas públicas implementadas.
Finalmente, frente a la aplicación de la ley antiterrorista a los defensores de derechos humanos de estos pueblos, que de acuerdo al gobierno ya no se estaría invocando, José Aylwin señaló que "una cosa es no aplicar la legislación y otra es que ella siga vigente. El comité de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 2007 reitera las recomendaciones que hiciera en el 2003 el relator especial de Naciones Unidas para derechos de pueblos indígenas y tribales, Rodolfo Stavenhagen, sobre el deber que tiene el estado de modificar la ley antiterrorista y eso no ha sido realizado. Además en la práctica sigue vigente su aplicación, toda vez que persisten condenas por estos delitos", aclaró Aylwin.
Consultados respecto a las alternativas de solución para quienes ya cumplen condena por la aplicación de esta ley o que se encuentran en la clandestinidad para evitar ser condenados por ella, incluso la posibilidad de una amnistía como la que se dio en la Asamblea Constituyente de Ecuador para defensores de derechos humanos que se han opuesto en ese país a proyectos de inversión, Nancy Yáñez sostuvo que "la alternativa de un ley de amnistía en Chile es inviable por los quórum requeridos, por lo mismo hasta ahora se han visto solo medidas alternativas, como la flexibilización del régimen carcelario, sin que existan otras condiciones o consideraciones que revierta la situación que ha sido a todas luces señalada como injusta por los afectados y por los organismos internacionales de derechos humanos".
El estado se está haciendo cómplice de las agresiones
El pasado 7 de abril, y premunidos de elementos contundentes, cerca de un centenar de pescadores de Mehuín atacaron la sede del Comité de Defensa del Mar en Missisipi (Región de la Araucanía), que reúne a pescadores mapuche lafkenches que se oponen al ducto con que la empresa Celco pretende evacuar sus desechos al mar. Sus ocupantes fueron agredidos y amenazados de muerte, siendo el origen del conflicto un acuerdo privado por un millón de dólares firmado entre la compañía y los agresores para que éstos colaboraran a viabilizar el ducto.
Las agresiones, según se denunció, continúan en total impunidad y el Estado se está haciendo cómplice de estas agresiones al no tomar medidas eficientes para detenerlas de manera inmediata. Por el contrario, pese a que las familias afectadas presentaron un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Valdivia y a que ésta dispuso protección policial para ellos, son dos ya los robos –el último ayer en la mañana- que han afectado su zona de manejo de pesca a pesar de que Fuerzas Especiales de carabineros fueron ubicadas en la escuela de Missisipi, medida que hasta ahora solo ha logrado alterar la educación de los niños de la caleta.
Ante la gravedad de estos hechos, el Observatorio adelantó que está estudiando la presentación de nuevas acciones legales por la situación de violencia en Missisipi-Mehuín y un recurso de nulidad para dejar sin efecto el acto administrativo que otorgó concesiones mineras a Celco por dos años en toda la zona de Mehuín.
Durante el desayuno conferencia, Patricia Lienlaf, dio testimonio de lo que implica para este pacífico poblado costero la escalada de violencia desatada en la zona, "se nos agrede, se nos roba, nuestros dirigentes son amenazados de muerte por verdaderos sicarios pagados por una compañía que ya ha contaminado el río cruces y que ahora quiere dañar nuestro mar. Hasta ahora las autoridades nada hacen por detener estas violaciones a nuestra integridad física y también sicológica, pues la sensación de temor y el desgaste que todo esto provoca, no es algo que elegimos ni procuramos. Muy por el contrario, no oponemos y seguiremos oponiéndonos al ducto y a un modelo de desarrollo que no elegimos y no compartimos".
Estamos siendo invadidos por las mineras y transnacionales agrícolas
Barrick Gold construye hoy un camino a la mina no incluido en estudio de impacto ambiental, el que ni siquiera cuenta con los permisos correspondientes de viabilidad.
Angelina Espinoza, miembro de la comunidad Diaguita de los Huascoaltinos, en cuyo territorio ancestral usurpado se emplaza el controvertido proyecto Pascua Lama que la compañía Barrick Gold -con varios juicios en su contra en el exterior- proyecta en el Huasco Alto, explicó en extenso las distintas violaciones de las que son objeto, aún antes de que la mina sea construida y entre en operación.
"Barrick puso un portón que nos impide el paso y de nuestros animales para ir a las áreas de pastoreo, limitando nuestra subsistencia y desarrollo de la comunidad. Este portón sigue allí, pese a que la primera resolución de impacto ambiental exige que el camino sea abierto, y viabilidad debe procurar su cumplimiento. Si nos acercamos se nos amedrenta, nos amenazan y lo único que hacemos es defender nuestros derechos. Somos los propietarios reales de esas tierras, tenemos título de merced desde 1903, pero en Chile no hemos podido tener el apoyo y la respuesta que necesitamos, por eso recurrimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", señaló.
La dirigente diaguita denunció también "la contaminación de las aguas, sumado a todas las transnacionales agrícolas se han asentado en la zona, agrícolas que han robado grandes extensiones de tierras, y de esto no se dice nada, tampoco del camino que sin ninguna autorización se está construyendo para el tránsito de los camiones, y que atraviesa, sin nuestro consentimiento nuestras tierras ancestrales".
En efecto, Constructora VALCO, "empresa contratista que construye las carreteras de acceso a la mina, está arrebatándonos nuestra las tierras. Tenemos camiones a alta velocidad pasando constantemente, con maquinaria pesada, interviniendo en nuestras vidas, dañando nuestras tierras. Muchos de nosotros estamos asustados, se nos dice que este camino nos beneficia, pero solo favorece a la empresa, a nosotros no necesitamos un camino como este", señala mientras exhibe las imágenes que dan cuenta de la dimensión que tendrá el camino, de unos 30 metros de ancho.
Cabe señalar la construcción de este camino es absolutamente irregular e ilegal, pues no está contemplado en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado a la empresa (lo mismo ocurrió con la instalación del sistema eléctrico) y viabilidad no ha autorizado su construcción, por lo mismo el seremi de Obras Públicas se desplazó hasta el lugar alertado por la denuncia acompañado por el presidente de los Huascoaltinos, Sergio Campusano. Allí la autoridad pudo comprobar que la constructora está desviando las aguas del río, para sacar los áridos que se encuentran al fondo y utilizarlos en la construcción del camino.
Nancy Yáñez, quien además patrocina la denuncia que se ha interpuesto ante la CIDH, profundizó en la vulneración a los derechos de esta comunidad diaguita, "la debilidad de la protección brindada por es estado es clara, y avanzaría más, es vergonzosa, pues la única medida de mitigación de aspectos socioculturales que se contempla en el estudio de impacto ambiental aprobado por la COREMA a la empresa, es controlar el flujo de transporte en las actividades religiosas. La construcción de este camino nos da cuenta otra violación, pues el EIA está cerrado y se están realizando labores que no estaban contempladas", agregó.
Yáñez se refirió también al acuerdo privado suscrito entre la Junta de Vigilancia de regantes del valle y la empresa Nevada S.A. (filial local de Barrick Gold) por 60 millones de dólares para poder tener la aprobación ambiental, un trato tan irregular como el que se realiza entre pescadores de Mehuín y Celco. Esta situación fue denunciada ante la Dirección General de Aguas y se pidió la nulidad del acuerdo, pero la DGA "dijo que era un acuerdo entre privado, que no estaba entre sus facultadas anularlo, si bien reconoce en su resolución que el acuerdo celebrado sobrepasa las atribuciones y ámbitos de acción de la Junta de Vigilancia. Este tipo de hechos son los que apreciamos permanentemente, donde las deficiencias de la ley medioambiental y los vacios reguladores son aprovechados por las empresas inversoras para vulnerar los derechos de las comunidades locales".
Paulina Acevedo
Periodista
Coordinadora Área de Comunicaciones
Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas
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