"Sus normas no resultan compatibles con el sistema jurídico nacional, propio de un Estado de Derecho", señala la Suprema en su oficio de respuesta.
En la sesión de Sala de Hoy Miércoles se dio cuenta que la Corte Suprema opinó desfavorablemente respecto de una moción del diputado de la UDI Enrique Estay (Boletín 5635), que proponía que los uniformados condenados por violaciones a derechos humanos tuvieran como sanción, por todos los delitos de esa naturaleza que se le atribuyan, una pena no superior a 10 años.
El proyecto también proponía poner rápido e inmediato término a los procesos e investigaciones pendientes, como un gesto de justicia, necesario hacia los militares que no han recibido nada en tal sentido, como sí se ha hecho con quienes aparecen como "víctimas de la acción de los agentes del Estado entre el período 1973 a 1990".
La moción consideraba "un reconocimiento a la realidad política de la época y a las causas reales que originaron el conflicto, como a la participación profesional y subordinada de los militares, tendiendo con todo a obtener una eficaz reconciliación y cierre de las heridas del pasado".
Respuesta
En su oficio, la Suprema, tras examinar en detalle la moción, señala que "sus normas no resultan compatibles con el sistema jurídico nacional, propio de un Estado de Derecho, en que se respetan las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justas para todos los intervinientes e interesados".
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