Diputados presentan proyecto que regula el derecho de asociación de los estudiantes de educación superior

Araucanía.- Los diputados Mario Venegas, Rodrigo González, Cristina Girardi, Alejandra Sepúlveda, Enrique Accorsi y Alberto Robles, acompañados de dirigentes estudiantiles de universidades privadas, presentaron un proyecto de ley en el que se establece que los estudiantes de las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica regulados por la Ley 18.960 Orgánica Constitucional de Educación, podrán constituir toda clase de asociaciones con la finalidad de organizarse para obtener objetivos comunes en el ámbito académico, social y cultural, precisando que los establecimientos de educación no podrán negar la constitución y funcionamiento de un centro de alumnos. Multas Al respecto, el diputado Mario Venegas, señaló que “el mejor antídoto para las conductas disruptivas como la violencia es precisamente la participación y la democracia; democracia en las organizaciones estudiantiles, a todo nivel y garantizada”. Por eso, indicó, “estamos respaldando con mucho entusiasmo este proyecto, ya que no estaban dadas las condiciones legales para ello. La verdad es que a los estudiantes se les impide organizarse y no contaban con el respaldo legal para hacerlo. Hoy esperamos abrir una puerta de participación real y para ello requerimos el apoyo transversal”. Agregó que “los establecimientos que impidan o dificulten la constitución o funcionamiento de las asociaciones de estudiantes, que realicen prácticas de persecución hacia los estudiantes que las constituyan o dirijan o que establezcan beneficios para estimular la no asociación de los alumnos, serán sancionados con multas de 2.000 a 5.000 UTM y en caso de reincidencia con el término del reconocimiento oficial”. Malas prácticas También Mario Venegas indicó que “los establecimientos deberán dar a los alumnos que hayan sido elegidos las facilidades necesarias para el desempeño de sus funciones durante el tiempo que ejerzan sus cargos”. Confiamos, sostuvieron los parlamentarios “en que el Congreso entenderá lo justificado de avanzar en esta materia, asegurando simplemente la aplicación práctica de una norma constitucional que en los hechos se encuentra suspendido de su aplicación por las malas prácticas de universidades que impiden las organizaciones estudiantiles, las cuales aparecen como una amenaza a las formas autoritarias de gestión universitaria”.