jueves, 8 de abril de 2010

Diputados Arenas y Hasbún acusan lobby de telefonías móviles para evitar pago de indemnizaciones

Araucanía.- Como “insuficientes” calificaron este jueves los diputados de la UDI Gonzalo Arenas y Gustavo Hasbún las explicaciones que han dado las empresas de telefonía móvil sobre posibles compensaciones e indemnizaciones a los usuarios afectados por los cortes de servicio producidos durante y post terremoto del 27 de febrero pasado, señalando además que las compañías se están “amparando” en los vacíos que existen en la actual ley de telecomunicaciones, mismos que se mantienen debido al lobby realizado por estas compañías para no modernizar la normativa. Por lo que junto con instar a la pronta creación de la Superintendencia de Telecomunicaciones, anunciaron la presentación de un proyecto de acuerdo para modificar la actual ley.
En este sentido, Arenas explicó que la actual normativa “es antigua, es obsoleta, no comprende a todos los usuarios”, por lo que según la respuesta que han dado las empresas de telefonía quedarían fuera de eventuales indemnizaciones todos los usuarios de telefonía prepago “que son cerca del 80 por ciento” de los clientes de celulares. Lo mismo ocurriría con las prestaciones de internet, pues la actual ley no contempla este sistema. Y, por último, los usuarios quedarán –dijo- “al arbitrio de lo que es el concepto de fuerza mayor, porque la ley tampoco especifica qué se entiende por fuerza mayor para efecto de indemnizaciones”.
Arenas apuntó, además, a que si la actual ley de telecomunicaciones es “antigua y obsoleta es principalmente responsabilidad de las empresas de telecomunicaciones que, por largos años, han hecho lobby para que no se modernice la ley y, por lo tanto, poder ampararse en estos verdaderos vacíos legales”.
De allí que ambos parlamentarios hicieran un llamado a acelerar el trámite de la propuesta que se analiza en el Ministerio de Transportes relativa a la creación de una Superintendencia de Telecomunicaciones que sea capaz de fiscalizar y sancionar “como corresponde a las empresas de telefonía y, especialmente, de telefonía móvil ante este tipo de indefensión en que se encuentran los usuarios”.

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