Justicia militar juzgará a peruano acusado de espionaje a favor de Chile

Santiago.- El presidente de la Corte Suprema de Perú, Javier Villa Stein, anunció hoy que el suboficial de la Fuerza Aérea de ese país Víctor Ariza será juzgado por el fuero militar, bajo la acusación de haber espiado a favor de Chile.
Ariza, quien permanece recluido en una cárcel de alta seguridad para civiles desde el 31 de octubre de 2009, fue acusado por la Fuerza Aérea Peruana (FAP) de haber espiado para militares chilenos, por pagos mensuales de 3.000 dólares en promedio.
"Los delitos han violentado el secreto militar y el asunto habría sido perpetrado por un militar en actividad", explicó Villa Stein, citado por el diario El Comercio de Lima.
La autoridad agregó que el suboficial FAP Justo Ríos, acusado de haber sustraído documentación confidencial por órdenes de Ariza, también será procesado por el fuero militar.
Villa Stein aclaró además que será el fuero civil el encargado de juzgar a los dos chilenos implicados en el mismo caso y que no están detenidos.
"Con esto se pone punto final a la incertidumbre que la ciudadanía tenía sobre la materia. Además, debo decir que se han escuchado a las partes, se ha respetado el debido proceso y se han dado todas las garantías", añadió.
Precisamente la Sala Penal Permanente, que preside el vocal supremo César San Martín, tomó esta decisión tras escuchar la presentación del procurador de la Fuerza Aérea, Jorge Calderón.
Durante la audiencia, que se realizó a puertas cerradas, también expuso el abogado de Ariza, Walter Chinchay, quien pidió que el proceso contra su patrocinado esté a cargo de la justicia civil, para evitar un futuro recurso de nulidad contra la causa.
El caso de Ariza fue denunciado a fines del año pasado por Perú y significó un nuevo tema de fricción con Chile, pues el pedido de las autoridades peruanas para que el caso también sea investigado y sancionado en Santiago no tuvo una respuesta favorable.
Ariza, que será procesado por los delitos de revelación de secretos nacionales (traición a la patria), espionaje y lavado de activos en agravio del Estado, arriesga una pena que va desde los 25 a 35 años de cárcel.