Santiago.- Estados miembros del organismo internacional recogieron las observaciones formuladas previamente por esta. El gobierno debe ahora presentar una agenda de implementación de las mismas.La Coalición Ciudadana de Monitoreo de los Derechos Humanos, manifestó su satisfacción con las recomendaciones formuladas por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas al Estado chileno, las cuales recogieron las observaciones que durante años ha venido realizando la sociedad civil chilena sobre la materia. La Coalición hizo un llamado al gobierno a presentar una agenda pública para la implementación de las recomendaciones - que incluya a todos los órganos del Estado - y anunció su disposición a participar en el seguimiento de la misma.
Así lo señalaron en conferencia de prensa realizada en la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales la abogada Helena Olea, de la Corporación Humanas; la periodista Paulina Acevedo, del Observatorio Ciudadano y el académico Jorge Contesse, director del Centro de Derechos Humanos de la UDP, las tres organizaciones que junto al Comité de Defensa de Derechos del Pueblo, Codepu, estuvieron presentes en Ginebra .el pasado 08 de mayo, cuando tuvo lugar en la sede de la ONU el examen periódico universal del Estado de Chile ante el Consejo de Derechos Humanos.
De acuerdo a este mecanismo, cada cuatro años los Estados miembros deben dar cuenta de su situación en materia de derechos humanos, incluyendo los esfuerzos y acciones desarrollados para dar cumplimiento a las obligaciones internacionales y a los compromisos voluntariamente asumidos. Este fue el primer examen periódico universal para Chile.
El Informe chileno fue presentado por el Ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo. Tras la sesión, el Consejo asignó a los representantes de Cuba, Senegal y Qatar la responsabilidad de elaborar el documento que consigna la discusión e incluye las recomendaciones formuladas a Chile.
71 recomendaciones
En definitiva, el Consejo de Derechos Humanos formuló un total de 71 recomendaciones al Estado de Chile. Estas apuntan principalmente a la ratificación de tratados internacionales aún pendientes, a la ausencia de una institucionalidad de derechos humanos y a la situación de grupos en condiciones de vulnerabilidad, tales como mujeres, indígenas , minorías sexuales, inmigrantes y personas privadas de libertad. También se hace referencia al mantenimiento de la justicia militar, a los abusos policiales mediante el uso desproporcionado de la fuerza., y a la administración de justicia, en general.
El gobierno de Chile aceptó casi todas las recomendaciones, excepto dos relativas a revisar la legislación sobre aborto para hacerla acorde a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y a ofrecer información adecuada sobre regulación de la fertilidad. Igualmente, el gobierno anunció que con respecto a la ratificación de la convención sobre mercenarios, la protección de la familia, la investigación sobre detención y expulsiones de periodistas y cineastas que trabajan sobre la situación del pueblo Mapuche, y la aplicación de la legislación anti-terrorista a las comunidades indígenas, se pronunciará en la sesión de noviembre próximo. Chile, además, anunció la formulación de una invitación permanente a los órganos especializados de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que visiten el país, y la elaboración de un Plan Nacional de Derechos Humanos con la participación de la sociedad civil.
Sobre las recomendaciones acerca del aborto en Chile que fueron rechazadas por el gobierno, y las otras cuatro que quedaron pendientes para noviembre, la Colación realizó un llamado a todos los candidatos presidenciales a pronunciarse al respecto.
“Hay una brecha entre lo que hace Chile a nivel internacional y la manera en que se presenta. Por un lado, con una presidenta que fue víctima del terrorismo de estado, y por el otro, lo que hoy sucede en el país. Es muy importante que se siga con atención lo que va a pasar con las recomendaciones hechas en Ginebra. El objetivo debe ser cerrar la brecha para que Chile se atenga a una política de derechos humanos más fortalecida, para así poder liderar en el tema”, sostuvo Jorge Contesse, de la UDP.
“Como lo hemos denunciado en diversos oportunidades y en reuniones sostenidas con autoridades de gobierno, es preocupante que a casi dos décadas del término de la dictadura militar continúen existiendo en Chile situaciones graves de violencia por parte de agentes del estado, incluida la tortura, que son violatorias de derechos humanos y que en diversas ocasiones tienen como resultado la muerte de personas. Por eso valoramos que los estados miembros reconozcan en sus recomendaciones estas situaciones negadas al interior del país, siendo sintomático que cerca de un tercio de ellas se refieran a la situación que afecta al pueblo mapuche, con especial mención a la realidad que enfrentan niños y mujeres, y al reconocimiento de su territorialidad y derechos. También valoramos la recomendación de ajustar la definición de tortura a la Convención de Naciones Unidas y de establecer un mecanismo preventivo dentro de un año como lo prevé el protocolo opcional de la convención contra la tortura”, agregó Paulina Acevedo, del Observatorio Ciudadano.
Helena Olea, de Corporación Humanas, destacó: “El desarrollo económico, político y social que enorgullece a Chile no se ha repartido de manera igualitaria entre hombres y mujeres. Las mujeres seguimos siendo discriminadas en la familia, con la sociedad conyugal y la violencia, en el trabajo, y en nuestros derechos sexuales y reproductivos. El Plan Nacional de Derechos Humanos, la legislación, el gobierno, y las decisiones judiciales deben abordar la discriminación contra las mujeres como un tema prioritario. Quienes están y aspiren a estar en cargos públicos, sobre todo de elección popular, deben considerar que la mitad de su electorado son mujeres. Los derechos humanos no sólo se refieren a las violaciones del pasado, son también una deuda pendiente y una obligación con el futuro”.
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