Comisión de Economía de la Cámara acuerda proyecto de ley para regular tarjetas de crédito

Angol. La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados acordó redactar un proyecto de ley que regule las tarjetas de crédito bancarias y no bancarias. De acuerdo al presidente de la Comisión, Gonzalo Arenas (UDI), la iniciativa refundirá cinco proyectos presentados y discutidos en la instancia con anterioridad y en los cuales buscaba normar diferentes aspectos relacionados con el llamado “dinero plástico”. Según explicó el parlamentario, al interior de la instancia que lidera existe consenso de que la actual regulación de las tarjetas -contenida en el Compendio de Normas Financieras del Banco Central y la Circular Nº 17 de la SBIF- es “claramente insuficiente”. Asimismo, Arenas sostiene que la Superintendencia “ha sido ineficaz y débil en la defensa a los usuarios de las tarjetas”.
Esto, porque la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) sólo hace recomendaciones a los operadores y no contempla una normativa específica en torno a la forma cómo opera en la práctica la relación entre el usuario y el operador de la tarjeta.
Para discutir este tema y conocer detalles en torno a la fiscalización, el diputado gremialista afirma que el superintendente Gustavo Arriagada ha sido invitado en diversas ocasiones a la instancia parlamentaria. Sin embargo, Arenas sentencia que “no hay ningún interés por parte de la autoridad por regular el tema de fondo”.
“El sistema actual es una ley de la selva, en que cada uno (los operadores de las tarjetas) hace lo que quiere y nadie les exige que tengan compromisos con la transparencia y con los usuarios de las tarjetas y es a ellos a quienes queremos darle herramientas para su protección”.
Por ello, los 12 miembros de la Comisión concretaron un acuerdo transversal en pro de la transparencia de la información que entregan los bancos y las casa comerciales de manera de “terminar con el engaño y el abuso de los operadores de estas tarjetas”, dijo Arenas.
La tramitación que seguirá la iniciativa en el Parlamento
El presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputado, Gonzalo Arenas (UDI), explicó que, desde 2005, dicha instancia ha revisado una serie de proyectos relativos a las tarjetas de crédito.
Pero sólo hace una semana los parlamentarios lograron un acuerdo que permitirá unificar las distintas iniciativas en un proyecto que por estos días es redactado por un equipo de asesores.
“Va a ser un proyecto que va a tener el patrocinio de todos los miembros de la Comisión, con lo que buscamos que sea un proyecto transversal para apurar su tramitación y que, ojalá, se apruebe en la Cámara antes que se acabe el primer semestre de este año”, comentó Arenas.
Para ello, el documento será informado en Sala durante una sesión especial el próximo 19 de mayo.
Ese día, además, los parlamentarios establecerán un cronograma para la presentación de indicaciones al proyecto y, de acuerdo al diputado gremialista, ese proceso podría tardar uno a dos meses.
Además, durante ese lapso, la Comisión invitará a una serie de autoridades con el objeto de profundizar en distintas materias.
El titular de la instancia sostuvo que entre los invitados estarían los ministros de Economía, Hugo Lavados, y Hacienda, Andrés Velasco; el superintendente de Bancos, Gustavo Arriagada, y representantes de la Cámara de Comercio de Santiago, de la Asociación de Bancos y de los distintos órganos de consumidores.
Superado el primer trámite, los diputados pedirán al gobierno que ponga urgencia al proyecto para que agilice su paso por el Senado y pueda convertirse en ley antes que termine el 2009.
Información mínima
El primer punto del acuerdo establece que las tarjetas de crédito incluyan en un 20% de su espacio físico advertencias respecto del sobreendeudamiento, además de otras informaciones “mínimas”, tales como la denominada Tasa Anual Equivalente.
La idea, explicó el diputado Arenas, es que se siga el ejemplo de las cajetillas de cigarro, donde se debe advertir respecto de su uso nocivo.
Comisión e intereses
El proyecto busca eliminar los conceptos de “comisión” e “intereses” e incluir, en cambio, un concepto nuevo: la Tasa Anual Equivalente (TAE). Ésta consiste en que la autoridad otorga una fórmula anualizada -para que sea comparable entre las distintas tarjetas- que incluya todos los ítems cobrados por el operador sobre el pago al contado.
De acuerdo al presidente de la Comisión de Economía, la tasa máxima convencional es “irreal”, desde el punto de vista del máximo de cobros que pueden hacer los operadores, porque, además, incluyen diferentes comisiones y gastos de administración.
Estados de cuenta
La iniciativa pretende perfeccionar el contenido y la entrega de información incluida en los estados de cuenta que se les entregan a los usuarios.
En este punto, la crítica de los parlamentarios es que mucha información es entregada a través de siglas, inentendibles para los titulares de las tarjetas.
Sanciones
La Comisión incluye en el proyecto el establecimiento de nuevas sanciones e ilícitos en que podrían incurrir los operadores de las tarjetas, tales como no cumplir las obligaciones de informar el TAE, no incluir todos los costos en dicha tasa o no cumplir con los mínimos de información en los estados de cuenta.
Abuso y engaño
De acuerdo a los miembros de la Comisión, el envío de tarjetas pre-aprobadas, la creación de tarjetas adicionales sin el consentimiento expreso del titular o la entrega de tarjetas a estudiantes que no acrediten renta constituyen prácticas agresivas y engañosas que deben ser prohibidas.
Además, muchas casas comerciales ofrecen descuentos por compras con sus tarjetas, algo considerado “nocivo” por la instancia parlamentaria. “Se prohibirá la discriminación por compras al contado, porque es el sistema de pago al contado el que debemos tratar de fortalecer y fomentar para evitar el sobreendeudamiento”.
Cambios en el contrato
La iniciativa restringirá, además, la posibilidad de realizar cambios unilaterales en el contrato entre el usuario y el acreedor de la tarjeta, algo que se da especialmente en los aumentos de cupo sin previo aviso.
Según el diputado gremialista, los aumentos de cupos implican “perjuicios para el usuario al aumentar los costos asociados a esa tarjeta”.
Cierre de tarjetas
La iniciativa pretende simplificar el proceso de cierre de tarjetas con el fin de evitar que sigan generándose costos de administración que se empiezan a acumular y a generar intereses sobre intereses.
Así, se establecerán “plazos fatales” a las empresas en el sentido que si no cierran formalmente la tarjeta después de cinco días de que se ha presentado la solicitud, se entiende que no puede hacer ningún cobro posterior a ello aunque exista.
Mejorar la seguridad
Por último, los diputados aspiran que con este proyecto se limite la responsabilidad de los usuarios ante robo o uso fraudulento de las tarjetas. “Entendemos que es necesario generar el incentivo correcto para que las empresas inviertan en tecnología que asegure una mayor seguridad y protección de las tarjetas”, explicó Arenas.