En Chile el trafico de informacion personal y de empress es a diario . Los informes estan disponibles y se compran en la Camara de Comercio de Santiago que edita el Boletin de informaciones comerciales y lo vende, siendo DICOM uno màs de la Red.
José Ignacio Escobar solicitó agilizar los análisis internos de las entidades afectadas y rastrear a los autores.
Gobierno citó a una reunión extraordinaria. Se informó que no hubo vulneración de sistemas informáticos.
DAVID MUÑOZ
Desde ayer, la investigación sobre presuntos delitos cometidos en la filtración de los datos personales de seis millones de chilenos a internet quedó en manos del Ministerio Público.
Durante el fin de semana, la Brigada del Cibercrimen de Investigaciones recibió la denuncia de un sitio web que fue utilizado por los supuestos "hackers" para hacer público el listado de los datos.
Ayer la policía hizo llegar los antecedentes preliminares de las indagatorias a la Fiscalía Centro Norte, en la que se designó al fiscal especializado en delitos económicos, José Ignacio Escobar.
De inmediato, Escobar solicitó a la policía civil agilizar los análisis por parte de las entidades públicas afectadas. Éstas son: la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), el Ministerio de Educación (Mineduc) y el Servicio Electoral (Servel).
La idea era determinar el origen y la calidad de los datos, es decir, si es información pública o privada. También se está buscando a los posibles autores, pese a la complejidad que reviste rastrearlos.
Según antecedentes del caso, estas tres entidades informaron al fiscal que ninguno de sus sistemas fue vulnerado.
Así fue ratificado públicamente por las reparticiones fiscales afectadas.
La DGMN aclaró ayer que los datos publicados estuvieron disponibles en el sitio web. En tanto, el Mineduc informó que los datos publicitados no están en sus servidores, sino que en los registros de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), que tampoco reportó vulneración.
En el mismo sentido, el Servel insistió en que el padrón electoral es público y comercializado desde 1988 por la entidad.
Pese a esto, el tema fue considerado de "suma gravedad" por el Gobierno, por lo que La Moneda convocó a una reunión de contingencia en la que participaron las subsecretarías de Telecomunicaciones, de Guerra, de Educación, más el Servel y la Brigada del Cibercrimen. Como primera medida se estableció la necesidad de regular la protección de datos personales y se analizó los posibles delitos en que incurrieron los autores del presunto "hackeo"
Escribannos, consulten, opinen
Saludos
RODRIGO GONZALEZ FERNANDEZ
DIPLOMADO EN RSE DE LA ONU
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