Sobre el libre ejercicio del documental

Sin olvidar y solicitar el debido proceso de Elena Varela en el tema judicial que se le inculpa, el que se encuentra en etapa de investigación, por lo cual Elena Varela es hasta ahora inocente, la Agrupación Gremial de Trabajadores del Audiovisual y el Cine de la Araucanía, informa a la comunidad y solicita a Paulina Urrutia, ministra de Cultura y a las autoridades del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y de la Industria Audiovisual que tomen cartas en el asunto y asuman la gravedad generada por la violación del trabajo profesional de Elena Varela, realizadora a la cual se allanó su domicilio y confiscó todo el material de registro de sus proyectos documentales y que no guarda ninguna relación con el tema o causa por la cual se encuentra en prisión preventiva.
Creemos que la acción realizada por el aparato policial de manera abusiva e improcedente, atenta contra el libre ejercicio creativo de los realizadores y contra los derechos elementales a favor de la libertad de expresión que deben acompañar y caracterizar a una sociedad democrática, en especial la de sus artistas y comunicadores.
Junto a lo anterior, estimamos que se violó el derecho a la confidencialidad de las fuentes, tema que en el caso del trabajo periodístico se encuentra debidamente resguardado y que pone en riesgo, en este caso particular, a las personas que han entregado confiadas su testimonio y que dan cuenta de la oposición a un modelo económico y forestal que atenta contra la continuidad y sustentabilidad de su ecosistema y de su cultura, junto a los espacios vitales que ellos ocupan. Además, el trabajo que por descripción hacen de él sus realizadores, denuncia la violencia que se ejerce contra las comunidades mapuche que luchan por esta causa.
De forma aberrante se incautaron adicionalmente las cintas pertenecientes a "Sueños del Comandante", otro proyecto documental de Elena Varela, cuya etapa de investigación y guión es respaldada y financiada con un Fondo Corfo. Contenían estas cintas testimonios de los afectados por las matanzas y represión de la dictadura en el año 73' y luego en los 80' en Neltume.
Exigimos que el material audiovisual sea devuelto a la brevedad y sea puesto a resguardo para que a través de su realizadora o equipo de producción pueda ser llevado a término. Creemos que el material confiscado no tiene relación ninguna con los hechos puntuales de la investigación y no constituye, ni puede constituir medio de prueba en el caso que lleva adelante el Ministerio Público.
Solicitamos que este abuso tenga fin, ya que entendemos que la actividad ilícita donde se le imputa participación a Elena Varela dice relación con un asalto con resultado de muerte, no con la filmación de un documental. El trabajo audiovisual realizado por la documentalista no tiene ningún tipo de responsabilidad, y solicitamos que la investigación sea efectivamente sobre los hechos denunciados, ya que pareciera que el Ministerio Público estaría aprovechando la ocasión para, además de la pena que puede o no corresponder por el ilícito que se investiga, perseguir e intentar amedrentar a todos quienes desarrollan actividades audiovisuales y de cine documental en nuestra región.
También creemos pertinente que las personas responsables de este abuso de autoridad sean objeto de un proceso judicial que determine su responsabilidad en este hecho.
La tarea de los documentalistas sociales es dar cuenta de la realidad de la manera mas honesta posible, buscando la causalidad de los conflictos, de la mano de sus propios actores y a través de su propia voz.
Juan Carlos Gedda
Presidente de la Asociación Gremial de Trabajadores
del Audiovisual y Cine de la Araucanía.