Parlamentario dijo que "cuando sólo restan 22 meses de gobierno es imposible que el Gobierno pretenda aprobar la LEGE, la Superitendencia y la Ley de Propiedad Intelectual, sin que ello signifique sacrificar el debate".
Convencido de que "los tiempos disponibles para debatir la nueva Ley General de Educación son muy breves, y los ritmos legislativos muy lentos, por lo que no parece razonable ni serio que el Gobierno crea que podremos debatir adecuadamente los proyectos de ley de Propiedad Intelectual, la nueva Ley General de Educación (LEGE) y la creaciónm de la Superintendecia de Educación, sin sacrificar el debate y los contenidos de cada una de estas importantes normas legales" el senador Alejandro Navarro, presidente de la Comisión de Educación dijo que "por todo lo que ha sucedido en el último tiempo, y por la recomendación de los expertos, pareciera ser que la Superitendencia debiera ser la prioridad".
El legislador dijo que "no es razonable que cuando tenemos un escenario, más allá de la foto del acuerdo con la derecha, donde sigue debatiéndose el significado, los alcances y efectos de cambiar la LOCE por la LEGE, forzar la aprobación de una ley que además de seguir contrariando la voluntad mayoritaria de la ciudadanía y los argumentos de los especialistas con la mantención del lucro y la selección, no tiene mucho sentido. Cuando hemos estado 15 años discutiendo sobre la necesidad de introducir reformas en esta materia y no ha existido consenso, lo que se refleja en las conclusiones del Consejo Asesor, ¿por qué en 22 meses sí lo va a haber?".
"Las tres iniciativas -agregó- que tenemos en carpeta para discutir son de gran envergadura. Baste ver el lobby de que somos objeto en materai de propíedad intelectual y revisar el gran número de indicaciones presentadas a esa iniciativa para entender que se trata de bastante más que una ley que busca combatir la piratería mandando más gente a las cárceles. Ese es un tema que ya pasó por la Cámara, donde se le cercenó lo más importante que era el principio del "uso justo" aplicado en la propia legislación norteamericana, y que ahora en el Senado tendrá también un tratamiento acucioso pues, ciertamente, aborda materias de alto interés cultural, pero también económico".
Navarro dijo que "al menos de nuestra parte, los esfuerzos seguirán estando en escuchar a los expertos y a la gente, que en su gran mayoría o nos dicen que vamos en la dirección equivocada o nos evidencian que este es un debate de gran trascedencia para muchas generaciones, pero que sigue estando alejados de los padres y de los estudiantes y que sólo quiere constituirse en "proyecto país" sobre la base de un acuerdo político suscrito entre el Ejecutivo y la derecha, antes de la destitución de Provoste, que lo convierte en un acuerdo con pies de barro".
"Además -prosiguió- luego de discutida la Ley de Propiedad Intelectual creemos que la prioridad debe ser la Superintendencia pues todos los estudios acerca de la metrai nos indican su relevancia al interior de un sistema en constante adecuación. De hecho, hasta un informe del Banco Mundial, de marzo de 2007 titulado "El diseño institucional de un sistema efectivo de aseguramiento de la calidad de la educación en Chile" señala que para lograr éxito en el aseguramiento de la calidad de la educación en Chile, será necesario fortalecer las capacidades de todas las instituciones educativas del país, desde el Mineduc y la Superintendencia, pasando por los sostenedores, hasta el nivel mismo del establecimiento y el docente".
El parlamentario indicó que "este informe señala también que la creación de una nueva Superintendencia de Educación en Chile implica una reasignación de funciones en todo el Ministerio de Educación, la Superintendencia y otras instituciones educativas, pero que un primer paso necesario para Chile es decidir qué visión de instrucción desea adoptar para que guíe su sistema de aseguramiento de la calidad. En pocas palabras, según este estudio del Banco Mundial para llegar a ser exitosos en educación, debemos dar especial atención a la separación institucional de la definición e implementación de políticas educativas respecto de las funciones de monitoreo, evaluación y fiscalización".
Finalmente, Navarro señaló que "seguiremos desplegando nuestros esfuerzos para que el actual debate sobre educación se desarrolle de la manera más amplia en nuestra sociedad. Hay muchos docentes, apoderados, estudiantes, colegios, liceos y universidades que quieren ser informados pero que también quieren opinar, porque entienden que este no es sólo un tema que busca obtener un mejor financiamiento del sistema o una mejora de los currículums o de los salarios, sino que se trata de cómo modificamos un sistema que sigue discriminando y sigue reproduciendo las desigualdades e inequidades que existen en nuestro país"
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