El Senado aprobó una reforma constitucional que establece por primera vez en nuestro país la obligación del Estado de proporcionar defensa legal gratuita a las víctimas de delitos graves que no puedan costeárselas por si mismas. Fui autor de esta iniciativa, entre otros, junto al Senador José García y valoramos su aprobación unánime por los Senadores de la Alianza y de la Concertación.
Con esto se corrige una situación injusta y que vulnera el principio de igualdad ante la ley. Mientras el presunto autor de un delito grave tiene derecho a defensa jurídica financiada por el Estado, hoy en día la víctima no lo tiene.
El Fiscal no defiende a la víctima. Su deber es investigar con igual celo los hechos que prueban la culpabilidad del acusado, como aquellos que lo absuelven. Por lo tanto, el rol del Fiscal es muy distinto al del abogado de una víctima de un delito.
En nuestra Región, hay 53.162 víctimas de delitos al año, de las cuales 18.352 corresponden a delitos graves, tales como robos violentos, homicidios, abusos sexuales, lesiones graves, etc. Sólo 1.186 recibieron alguna mínima atención psicológica y médica o medida de protección, mientras que el resto no recibió ningún apoyo del Estado.
A fines de este año la defensoría gratuita de las víctimas entrará en funcionamiento a través de un organismo autónomo del Gobierno que celebrará convenios con instituciones públicas o privadas, tales como Municipalidades, Universidades, Organizaciones Gremiales o equipos de profesionales. También deberá vigilar que se brinde una asesoría jurídica de calidad, de manera que las víctimas sean bien atendidas y asesoradas.
Este aporte concreto de la Alianza, que fue recogido por el Gobierno y la Concertación, demuestra nuestra voluntad de contribuir con hechos concretos a disminuir la delincuencia, que sigue siendo la principal preocupación de la ciudadanía en el país y en la Araucanía.
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